Está poniéndose buena la discusión sobre la reforma política del Gobierno. Propondría dividir su análisis en tres grandes capítulos: el de lo que sabemos, el de lo que no sabemos y el de lo que al parecer no está.
El primero es, como suele ocurrir con estos asuntos, por mucho el más corto. Pero contiene al menos dos proposiciones que podemos afirmar sin lugar a muchas dudas razonables. Primero, cambiar las reglas fundamentales del juego en beneficio propio desinstitucionaliza al país, debilita a la democracia, y debe ser condenado política y moralmente. En esta categoría entran las aventuras reeleccionistas de Uribe (también las de Fujimori, o las de Chávez). Pero esto se debe separar del debate de si la reelección es conveniente o no. Segundo, las reformas deben tener una unidad mínima de propósito. Proponer una que se hace en nombre del equilibrio de poderes y a la vez reforzar radicalmente el del presidente para nombrar procurador (a través del envío de ternas al Congreso) no parece muy coherente.
El segundo es mucho más nutrido e interesante. ¿Es bueno o malo mantener la reelección presidencial? ¿La de los mandatarios subnacionales? ¿Las elecciones nacionales, departamentales y municipales deberían hacerse al mismo tiempo, o en fechas separadas? Es fácil responder a estas preguntas con frases vacuas, pero sonoras, como el proverbial tonel. Los otros días vi por televisión cómo se afirmaba que era evidente que las elecciones en la misma fecha favorecían de manera terrible y contundente a las maquinarias. Esto no es ni de lejos tan simple. Pero quienes quieren respuestas “obvias” y apasionadas tratan de resolver estos problemas complicados a los gritos, porque las dificultades y los semitonos los (y las) exasperan. Es tan fácil acostumbrarse a gritar... Como fuere, en esta categoría me encuentro con varias ideas interesantes, y un espíritu republicano positivo: no a quien se perpetúa en el poder. También: no a figuras con superpoderes arbitrarios. Se le ponen límites a la Procuraduría, pero me temo que pensando mucho más en la persona (mejor dicho: el individuo) que actualmente ocupa esa dignidad que en un principio institucional más abstracto. Entre toda la maraña de asuntos, todavía me queda difícil encontrar la unidad de propósito o el orden de prioridades. No basta con hablar de equilibrio: sería bueno tener idea de los resultados esperados, de la relación de estas reformas con la paz, etc.
Por último, están los silencios parciales o totales. Por ejemplo, cuando se habla de equilibrio de poderes uno inmediatamente piensa en el tribunal electoral. Éste está muy mal diseñado, y hay en todo el mundo ejemplos que funcionan decentemente —ninguno perfectamente, pues en estas cosas uno sólo puede escoger el defecto con el que se siente capaz de convivir—. John Sudarsky se refirió a otro gran tema semiausente: el sistema electoral. El Gobierno quiere garantizar que los departamentos pequeños cuenten con representación segura, pero, como observó Sudarsky, por razones demográficas esto les garantizará estar tremendamente sobrerrepresentados. ¿En qué sentido es esto democratizador? ¿No sería mejor ir directamente a la yugular, y preguntarse cómo mejorar de manera significativa los mecanismos de representación para todos los colombianos? Propuestas las hay. Sudarsky tiene la suya de circunscripciones. Está el voto obligatorio, que cada vez me atrae más (después de años de estar en contra; es uno de los tantos temas en los que disfruto oír buenas razones en apoyo de cualquiera de las dos posiciones principales).
Tampoco se ha hablado de la otra reforma de fondo: proveer y garantizar seguridad a los líderes sociales, defensores de derechos, etc. Este es un tema crítico de representación, ciertamente de equilibrios, en el que hay mucho por hacer. Un asunto crucial en el que sólo se puede juzgar por resultados. ¿Será que Cristo agarra el tema en serio?
