¿Es la guerra?

El episodio del general Jorge Hernando Herrera, comandante de la Sexta División del Ejército, quien fue retirado de su cargo por su presunto relacionamiento con bandas de narcotraficantes, es más revelador que extravagante.

En efecto, no se le puede imputar el segundo atributo, pues la interacción entre agentes estatales e ilegales no podría sorprender a nadie que tenga un conocimiento así sea superficial de este país.

Como comandante de División, el general Herrera tenía un gran poder. Estaba a cargo de buena parte de los territorios del sur del país que en este momento se encuentran incendiados. Aquel poder no le llegó de manera casual. Es claro que recibió el apoyo entusiasta de civiles en la cúpula de la toma de decisiones del Estado. Recibió, cómo no, la Orden de Boyacá –en el grado Gran Oficial—en julio de 2019. Molano, por supuesto, lo propuso para ascenso a Mayor General, propuesta ulteriormente ratificada por el Congreso. Todo esto, en medio de alabanzas y homilías por parte de círculos civiles, incluyendo la inevitable entrevista bonachona de RCN, para exhibir las maravillas que estaba haciendo el general en los territorios afectados por la violencia. Cuando todo esto sucedió, ya había indicios de sus relaciones peligrosas.

Ahora bien: el general Herrera tenía una visión privada mucho más desencantada y dura de su propia actividad que lo que revelan esas entrevistas edulcoradas. “Es la puta guerra”, decía, según muestra el video circulado por la alianza informativa Cambio-Noticias Uno. ¿Cómo funciona “la puta guerra”? Por una parte, “neutralizando”, es decir, “dando de baja”, a esos objetivos, no capturándolos. Por otra, aliándose con unos ilegales para mantener a raya a otros.

En plata blanca, esto tiene dos implicaciones. Primero, un prominente oficial, con un gran poder, considera que ya estamos en guerra: que el tercer ciclo de violencia ya se nos vino encima. Segundo, la misma persona plantea que hay que reproducir las prácticas del segundo ciclo, el de la guerra que estábamos tratando de superar en 2016, ya que no hay otra opción.

Y, en efecto, todo este escándalo está salpicado de posibles “falsos positivos” y otras lindezas. Algo similar sucede con la reciente acusación a otro destacado general, Leonardo Alfonso Barrero, por presuntos vínculos con el llamado Clan del Golfo. El general Barrero también ascendió vertiginosamente. Excomandante de una División –creo que también de la sexta– y de las fuerzas militares, perdió su cargo porque lo agarraron en una conversación en la que recomendaba “armar una mafia” para proteger a los perpetradores de “falsos positivos”. Pese a ello, fue postulado en 2019 por este gobierno como director del Programa de Acción Oportuna, diseñado supuestamente para proteger la vida de los líderes sociales amenazados. El nombramiento fue defendido a capa y espada por la administración Duque, a pesar de las objeciones que había contra su trayectoria. A propósito, una sencilla y rápida búsqueda en la red muestra que también el general Herrera, desde su exaltada posición, estuvo a cargo de delicados casos de asesinatos de líderes sociales.

Estos episodios deberían obligarnos a los colombianos a hacernos preguntas que van mucho más allá del tema de la presunción de inocencia, a la que los generales encartados –como todos los ciudadanos colombianos— naturalmente tienen. Primero: ¿qué garantías de protección tienen frente a este panorama los líderes sociales, y en general los ciudadanos de estos territorios? Segundo: ¿qué criterios se usan para los nombramientos y los ascensos? Como ha sucedido con tantos otros nombres con los que estamos familiarizados, a estos generales se les abrieron las puertas porque tenían ciertas características, y no otras. ¿Qué dicen los responsables de tales ascensos y nombramientos? ¿Por qué han privilegiado a esta clase de personal? Tercero: ¿cuáles son las razones por las que se persiste en diseños institucionales que permiten impenitentemente la acumulación de poder de tantos violadores de derechos?