Fracaso global, soluciones...

UN GRUPO DE PERSONALIDADES PÚblicas latinoamericanas acaba de emitir desde Río de Janeiro un importante documento (Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma), en el que se pide una “evaluación crítica” de la llamada “guerra contra las drogas” y de los efectos de las políticas prohibicionistas en la región.

Es un buen momento para hacerlo. Por una parte, hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, con un espíritu de renovación que aún no se ha concretado en fórmulas específicas para el subcontinente. Por otro, tenemos una cantidad abrumadora de evidencias que muestran que el prohibicionismo a rajatabla no sólo no ha debilitado el mercado mundial de sustancias ilícitas, sino que ha triturado a varios Estados. Piénsese en nuestro caso: ¿cómo puede sobreaguar un Estado cuyo principal producto agrícola de exportación es criminal? La ordalía por la que están pasando los mexicanos tampoco tiene salida aparente. El negocio de las drogas alimenta el conflicto en Colombia, las violencias urbanas en las favelas, las pandillas centroamericanas, y genera el deterioro de los regímenes políticos por la penetración mafiosa.

Pensando en cómo avanzar a partir del texto en cuestión, surgen dos preguntas. La primera es por qué una política ostensiblemente fallida se mantiene. Algo tendrá que ver esto con equilibrios electorales en Estados Unidos. Seguramente los políticos de allá tendrán restricciones duras para adoptar medidas que, por ejemplo, se ven con mucha naturalidad en Europa. En la medida en que hay un bloque de votantes gringos que castigaría duramente a cualquier político que se mostrara demasiado heterodoxo, no es muy sensato esperar que Obama, motu proprio, dé en este terreno un timonazo brusco. La segunda es si entonces tenemos que resignarnos a las lamentaciones inútiles.

No lo creo. Entre la despenalización y el prohibicionismo actual hay un terreno muy amplio para el diseño de políticas, que podrían ir moviendo el horizonte de imaginación de todos los actores involucrados hacia actitudes más sensatas. El mejor respaldo que se le podría dar a la Declaración de Río sería emprender una iniciativa técnica latinoamericana que propusiera alternativas viables, en Estados Unidos y aquí, que sirvieran de base a una negociación para salir de la pesadilla prohibicionista. Si varias formas de acción colectiva del subcontinente han resultado exitosas en el pasado, no veo por qué esta ha de ser implausible. Con el atractivo de generar las condiciones para salir de la pura denuncia. Ciertamente, para Colombia este es el tema de seguridad nacional por excelencia.

En nuestro país toca empezar a reconsiderar iniciativas que a todas luces han resultado fallidas. La presencia del Estado por aspersión no ha de resultar muy benéfica en muchas regiones. ¿Tiene sentido lanzarse con entusiasmo a la persecución de consumidores, en un país con un tremendo problema de criminalidad organizada y un conflicto interno? Con los cambios en América Latina y la nueva administración norteamericana es posible reescribir —aunque sea parcialmente— el libreto. Si Colombia no toma esta tarea a pecho, se merece su suerte.