Fuegos y contrafuegos

El proyecto de "Equilibrio de poderes" sigue estando en el centro del debate público.

A principios de esta semana se puso al rojo vivo el tema del voto obligatorio y a renglón seguido, sin que éste hubiera tenido solución aparente, se inició el zipizape sobre el tribunal de aforados.

El fiscal general de la nación se despachó contra este en una diatriba demagógica de proporciones, compuesta por dos ideas básicas. Primero, que se trataba de una revancha del sistema político, equivalente a la toma y contratoma del Palacio de Justicia acaecida hace ya casi 30 años. Segundo, que había que detenerla por medio de movilizaciones callejeras. Sorprende que el fiscal general equipare acciones armadas, llevadas a cabo sin ningún sentido de la proporción, con un trámite legislativo. Y que ventile de manera tan alegre pulsiones antipolíticas y antiparlamentarias me produce alguna alarma.

Pero la discusión sobre el voto obligatorio no se adelantó tampoco en un ambiente reflexivo. Mucho alarido, mucha especulación vacua. Todo desde las tripas. Estas cosas son difíciles y los decibeles que se metan en ellas no van a reemplazar la necesaria inversión de neuronas. Como sucede con otros temas, el voto obligatorio tiene buenos argumentos a favor y en contra, y hay que ser capaces de evaluarlos con un mínimo de seriedad. De hecho, la propuesta me gusta bastante; pero precisamente ella me lleva a las críticas al proyecto en general. No es que le falten buenas ideas: es que le sobran. Hay demasiadas, arrumadas junto a adefesios. A medida que avanza la discusión, más evidente se hace que el proyecto carece de criterios unificadores y análisis serios que lo respalden. Y para tapar los huecos entonces los congresistas van sacando de la manga nuevas y nuevas iniciativas. A veces a grito limpio, a veces a través del cabildeo. Por ahí sacaron, en unos de esos confidenciales de nuestra prensa que le permiten a uno asomarse a la pequeña política colombiana, que el procurador había logrado que en el proyecto quedara con una inhabilidad de apenas un año. ¿Será verdad? Entonces estaríamos frente a un verdadero retroceso. Lo que necesitamos precisamente es mantener la gran capacidad de nuestros organismos de control, pero domesticar las aspiraciones de cogobierno de sus jefes, así como sus tendencias piromaníacas. Pues en Colombia no tenemos ya pesos y contrapesos, sino fuegos y contrafuegos. Hay que mantener el poder y la independencia de esas agencias con respecto del Ejecutivo, pero a la vez sacar a sus cabezas del juego político. Así iría cambiando el tipo de aspirante, así como su relación con los políticos activos. Y nos acercaríamos a este resultado con el sencillo expediente de extender mucho sus inhabilidades para ser elegidos una vez dejen sus cargos.

En la otra dirección, comparto bastante el debate que armó Gerlein, pese a que, una vez más, lo planteó por medio de una filípica estridente. ¿Por qué restringir la reelección de los congresistas a 12 años? En un país como el nuestro, ¿será que nos podemos dar el lujo de echar a la basura toda la experticia, todo el conocimiento del Estado, que pueda acumular una persona a lo largo de más de una década? Además, todo esto suena a improvisación ignorantona. ¿Por qué no ocho años? ¿O 16? ¿Hay alguna evidencia sólida de que los parlamentarios nuevos lo hacen mejor que los más curtidos, que son más honestos, etc.? ¿Tendrían la amabilidad de mostrarla?

Déjenme terminar cambiando de tema. La cara-dura de los uribistas ya no debería sorprenderme: pero todavía lo hace. Estas gentes, que durante el proceso con los paramilitares contemplaron impávidas cómo desfilaban bajo sus narices masacres, asesinatos y escándalos de todo tipo, ahora llegan al Congreso con un cuco cartelito que pregunta ¿cuántos atentados faltan para llegar a la paz? En la próxima columna les contaré cuántas masacres faltaron para que ellos consiguieran su paz paramilitar.