LA PROPUESTA DE RETORNAR A LA vieja figura de la inmunidad parlamentaria es sólo un ejemplo de los muchos posibles de la manera en que la coalición de gobierno:
a) admite abiertamente que, al menos en parte, está fuera de la legalidad; b) le tuerce el brazo a las instituciones para ponerse a cubierto. Por supuesto, en ese permanente ir y venir, en ese desguace en pleno movimiento del desvencijado carro de nuestra institucionalidad, toda la estructura se va cayendo a pedazos. La última noticia es que los congresistas de la coalición estaban en trance de contratar a un grupo de abogados para protegerlos del carcelazo después de votar el referendo. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cambiarle el nombre a las comisiones y llamarlas, por ejemplo, patios?
Lo de la inmunidad sugiere dos reflexiones. La primera: ¿qué ha cambiado desde el referendo de 2003, en el que Uribe, con el ostensible fin de debilitar al Congreso, quiso preguntarles a los colombianos si repudiaban “la corrupción y la politiquería”? Muchas cosas. Se ha apretado el juego político, así que Uribe no puede sacrificar alegremente una parte significativa de sus todavía amplísimos apoyos. En las actuales condiciones internacionales las aventuras antiparlamentarias tendrían hoy un curso mucho más complejo. Y la parapolítica cimentó un sentido de destino común (“si los friegan a ellos me friegan a mí”) que no existía antes. La segunda es: ¿qué tiene en realidad de malo la propuesta? En términos genéricos, nada. De hecho, es un diseño que puede exhibir un muy buen pedigree democrático. Pero en Colombia —que tiene un problema gigantesco de criminalidad organizada— sus efectos son fatales, al estorbar al máximo la investigación de la penetración de esas organizaciones en el sistema político. Lo que han hecho los más prominentes miembros de la coalición es decir verbalmente que repudian aquella penetración, a la vez que lanzan casi diariamente propuestas que la harían más fácil.
Permítame ahora el lector una digresión. Yo creo en la interpretación caritativa de los actos públicos. La política es esencialmente calculadora, pero eso no quiere decir que se pueda equipararla a la crónica roja. Ser caritativo significa proponer la más favorable “interpretación de base” de los actos de quien se critica, dados la evidencia y algunos supuestos de racionalidad mínimos. Esto produce análisis en las mejores condiciones posibles para el criticado. La lectura caritativa de la ternura desplegada por el liderazgo uribista hacia la criminalización de la política es la siguiente: armaron su coalición con toda clase de gentes, y ahora, para mantenerla en pie, necesitan defender a sus para-narco-teodo-etcétera-políticos, pues si no lo hacen, los votos se les van a la Modelo, como lo recordara con tanta donosura el Presidente de la República. Pero aun si no es complicidad sino resultado indeseado, el impacto sobre el país es devastador.
Para no dejar lugar a equívocos: la democracia necesita de un Congreso fuerte. Un demócrata tendría que proponerse defender al Congreso y combatir la corrupción. Uribe parece pensar que es necesario o atacar ambos, o defenderlos ambos. Nosotros pagamos las consecuencias de esta abusiva asociación.
