El evento que condujo, el domingo pasado, a la muerte de seis personas en un amanecedero en Bogotá tiene que convertirse, tal y como lo dijo un editorial de este diario, en un motivo para repensar la relación de la Policía con un amplio sector de la población colombiana.
Solamente así sabremos que estas muertes no se habrán producido en vano.
La irrupción policial en el amanecedero tiene tres componentes que vale la pena repasar. Primero, una completa e inverosímil irresponsabilidad. Yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido echar gas pimienta dentro de un local sórdido y sin salidas de emergencia, lleno de gente debilitada y aturdida por el consumo del alcohol. Pero la idea en sí tiene la marca de la idiotez homicida. Que ésta sea culposa, y no intencional, no ayuda a resucitar a los seis ciudadanos que perdieron la vida. Con el agravante de que al parecer se violaron distintas normas de procedimiento y se saltaron por la torera distintas autoridades civiles. Segundo, un claro sesgo clasista. El tema de los lugares para continuar la rumba a horas prohibidas en Bogotá es de vieja data, y la prensa, la radio y hasta la televisión —no hablemos ya de internet— se refieren periódicamente a él. Naturalmente, a los after party de la Zona Rosa no entrarán jamás los policiales como si estuvieran en medio de un operativo militar, o como si su tarea fuera dar de baja a un malhechor en una mala película del lejano Oeste. Es en el tomadero de la Primero de Mayo en el que despliegan este comportamiento. Tercero, francamente, la marca de una terrible ambigüedad. Esta irrupción histérica, ¿tuvo en realidad como objetivo el inocente intento de detener una riña reportada —de la cual ninguno de los sobrevivientes jamás se enteró—, o fue más bien una forma de retaliación contra un ilegal que en algún momento no transfirió las rentas que garantizaban que su negocio se mantuviera abierto?
En muchas columnas he insistido en que los miembros de la Fuerza Pública que cumplen con su deber y arriesgan cotidianamente su vida tienen todo el derecho a reclamar el respeto y la admiración de sus conciudadanos. Me horroricé cuando, en medio de las protestas campesinas, unos maleantes simplemente fusilaron, sin previo aviso, a un policía. Pero hay que recordar que, en medio de esas mismas protestas, murieron muchos manifestantes por uso desmedido de fuerza y simple brutalidad: unas muertes de las que ya nadie habla y que, con una alta probabilidad, quedarán completamente impunes. Y que, de manera más bien sorprendente —pues ser policía no es trabajo para la élite económica—, la relación de esa agencia con habitantes de los barrios populares, y sobre todo con sus jóvenes, está marcada a menudo por la agresividad gratuita, la sospecha y el acoso. Los colombianos nos hemos ido acostumbrando a que cualquier protesta, manifestación y ahora rumba ponga sus muertos.
Si alguien tiene una trayectoria interesante dentro de la Policía, ese es el general Palomino. Es una persona que a lo largo de su carrera ha protagonizado actos significativos de decencia e integridad, y que se ha esforzado por mantener un discurso moderado. Por ejemplo, durante las protestas en el Catatumbo —que, cómo no, pusieron también su camionado de muertos— Palomino fue una de las pocas voces desde arriba cuya primera reacción no fue echar fuego, sino aceite, a la gasolina. Precisamente por ello no puede, no debería, actuar como si tuviera simplemente que administrar lo que ya existe. Hay un profundo malestar en las relaciones entre un sector significativo de la Policía y los colombianos, y no hay nadie más indicado para trabajar sobre esto que Palomino. La tarea inmediata, que debería ser obtenida por una combinación de presión ciudadana y cambio interno, es luchar contra el gatillo fácil.
