Mientras el mundo se moviliza, conmovido por el asesinato de George Floyd a manos de un policía violento en los Estados Unidos, en Colombia parecemos dispuestos a asistir impávidos a ataques gravísimos de uniformados contra la población civil. Hay algo profundamente malsano en todo esto, algo lleno de malos augurios para nuestra sociedad.
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Tomen el episodio de erradicación forzada iniciado a finales del mes pasado en la frontera entre el Guaviare y el Meta que terminó con varios campesinos heridos. Es fácil ver en las grabaciones que lo registran cómo el Ejército entra disparando contra los civiles. Hasta donde sé, nadie desde las instituciones dijo ni mu (qué amargo contraste con los Estados Unidos, pese a la terrible crisis que vive la potencia del norte). Cuánto quisieran muchos que esta política de sustitución basada en la oferta de plomo lograra imponerse, y que los abusos se difuminaran en medio de “confusos hechos”, que es la expresión en código de varios de nuestros medios para referirse al asesinato de colombianos a manos de quienes están en el deber de protegerlos (sí, tiene razón: la muerte de un afro a bolillazos y el “fallecimiento” de numerosos presos en las revueltas carcelarias cuando comenzaba la crisis del COVID-19 también fueron resultado de “confusos hechos”).
Las implicaciones de estas conductas son terribles. Esto se entiende claramente al leer las justificaciones de quien comandaba a los soldados que dispararon contra los civiles, el general Raúl Hernando Cuervo, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. La primera es que los campesinos estaban protagonizando una asonada, y que de hecho querían secuestrar a unos soldados. La segunda es que él en realidad no está combatiendo a los campesinos, sino a las disidencias de las Farc, y en especial a la de Gentil Duarte.
El primero de esos argumentos plantea interrogantes muy duros. Claro que había una movilización enfurecida: esa es la consecuencia lógica de la política irracional de promover erradicaciones forzadas en medio de una pandemia, que tiene a millones de ciudadanos de este país en el límite de la supervivencia. Y en un contexto en donde hay otra política, la establecida por el Acuerdo de Paz, que es mil veces menos traumática y más constructiva. Sobre la intención por parte de los campesinos de secuestrar a soldados muy bien entrenados y que estaban portando armas largas, ni el general ni nadie presentaron evidencia alguna; parece más bien una narrativa a la vez estigmatizadora y autojustificatoria. Ahora bien: llamemos en gracia de discusión al evento una asonada. ¿Entonces es política de Iván Duque —porque al fin y al cabo el general implementa unos lineamientos que vienen del mando civil— responder con bala a civiles que tienen en sus manos palos y piedras? ¿Entronizamos por fin en las políticas de seguridad las “masacres con sentido social”? Me gustaría mucho saberlo.
El segundo argumento también es asombroso, esta vez por su naturaleza tragicómica. Pues lamento informarle al general que en realidad no está combatiendo a Gentil Duarte: está actuando como su mejor amigo. Más precisamente: como su propagandista en jefe, con una eficacia y una dedicación que merecen entusiasta encomio.
Veamos: la propaganda de Duarte consiste en decir que el Gobierno colombiano está constituido por una oligarquía lejana y violenta, que sólo aparece frente a los campesinos a través de la represión. La lectora puede corroborar esto con una simple búsqueda en Google. Para refutar estas estúpidas mentiras, el general Cuervo lanza a sus soldados a quitar a cientos de campesinos ostensiblemente desarmados sus medios de vida en generaciones—justo en medio de la peor crisis económica que hemos tenido en generaciones—. Cuando se resisten desesperados, Cuervo permite, u ordena, a sus soldados disparar sobre ellos. Asunto solucionado.
Ni la sociedad, ni las múltiples voces dentro de la fuerza pública que no comparten este proceder tienen por qué aceptarlo pasivamente.
