LA VERSIÓN OFICIAL DE LOS RESULtados en el terreno de los derechos humanos de los dos gobiernos de Álvaro Uribe es fácil de explicar y entender.
Según ella, antes de 2002 la situación del país era mala por la proliferación de bandidos. Con la reinserción de los paramilitares y la derrota de la guerrilla se produjeron mejoras en todos los frentes. El proceso fue gradual, como tenía que serlo, por las especificidades y complejidades del caso colombiano. Pero esa gradualidad inevitable no habilita a nadie para negar los progresos que se han generado, ni la voluntad política de la coalición de Gobierno para producirlos.
Aunque en efecto hay progresos que es menester preservar, esta versión ha recibido un contundente mentís de los hechos en la abrumadora mayoría de sus premisas. Primero, no es cierto que estemos transitando, paso a paso, de Cundinamarca a Dinamarca (para usar ese viejo y equívoco aforismo de nuestra política tradicional). En muchos terrenos críticos no se ha avanzado nada. Un solo ejemplo: la prensa de esta semana anuncia que en materia de asesinatos a sindicalistas ocupamos todavía el primer lugar mundial, de lejos, aportando más de la mitad de los eventos anuales. Segundo, en algunas áreas se ha retrocedido. Los eventos del DAS han hecho patente que en los últimos ocho años han aparecido nuevas dinámicas que hacen aún más vulnerable la posición de los defensores de los derechos humanos (pero también la de los opositores y la de los jueces que quieran hacer realmente su trabajo). Esto no puede ser una sorpresa para nadie que esté bien informado, porque si el jefe del Estado arma un discurso público según el cual dichos defensores, los políticos que critican, y los jueces que muestran algún margen de independencia, son delincuentes, enemigos y terroristas —que es exactamente lo que ha hecho el Presidente—, es inevitable que se vuelvan blanco de ataque, incluso si no media una orden suya explícita. Tercero, lo que muestra el comportamiento errático del Gobierno es que responde sólo allí donde teme al escándalo y a la reacción internacional. Por ejemplo, en esa horrorosa sentina que llamamos aquí “falsos positivos” hubo una reacción veloz, pero ha sido sucedida por una serie de acciones que sugieren la intención de producir olvido e impunidad. Sólo se retrocedió en el envío de los expedientes de los falsos positivos a regiones donde con seguridad hubieran dormido el sueño de los justos cuando se advirtió que esto caería bajo el escrutinio cuidadoso de agencias internacionales.
De hecho, prominentes miembros de la coalición de Gobierno han emitido siniestras declaraciones, que invitan a garantizar la impunidad de los hampones que asesinaron a muchachos pobres para ganarse un fin de semana de descanso. Entre ellos destaca Arias, uno de los consentidos de Uribe, ahora candidato presidencial. Esto NO es una coincidencia. Los amigos del Gobierno han compuesto una cacofónica tonada que coincide en un solo tema: aíslen a las víctimas, garanticen la impunidad.
La conclusión es que estas gentes sólo reaccionan ante una fuerte presión. La comunidad internacional debería sacar de esto las deducciones obvias.
