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Para acceder a la paz, Colombia tendrá que aprender a salir al menos de un laberinto: el de las causas sociales del conflicto.
Hay quienes afirman que no hay ninguna y que la paz en últimas constituye una macrooperación judicial (traer a la gente que está en el monte, darle algunas condiciones especiales). Hay otros que creen que sí hay varias, y que atenderlas es un prerrequisito para culminar cualquier acuerdo.
Creo que las dos versiones están equivocadas. He criticado durante años la primera, tan bien-pensante y tan contraria a la evidencia. La segunda también es dañosa y conduce a una impotencia programada y a la continuación indefinida de la guerra. En todos estos años el país ha acumulado tantos males sociales, tantas dinámicas perniciosas, que las soluciones no solamente son intrínsecamente difíciles, sino que para muchas de ellas los requisitos mínimos simplemente no están allí. Sobrecargar la paz con la demanda de que nos saque de esta clase de situación con un pase mágico es deslegitimarla de la peor manera —y ahogarla bajo capas de inverosimilitud—.
Cierto: la paz que se está tramitando tiene que ir más allá de la proverbial apertura política a la colombiana. Puede estar anclada en los grandes problemas sociales del país. Pero su tarea consiste en ofrecer un marco general de operación. No más y no menos. Las soluciones vendrán de la mano de actores sociales con las ideas, las capacidades y la legitimidad democrática para producirlas.
Un ejemplo es el del punto 1 del acuerdo de La Habana. ¿Insuficiente? ¿Exagerado? Ambas, y ninguna de las dos. Cierto, va mucho más allá de lo que existe actualmente. Pero para muchos —incluyendo este servidor—, la pulsión reformista debería culminar con una agenda redistributiva en grande. Esto lo han sugerido gentes de diversas procedencias y formaciones. Esa transformación agraria —para usar el lenguaje del acuerdo; muchos, desde Ruddy Hommes hasta Marta Ruiz se decantan por uno más llano, y se refieren a reforma. Es que las palabras no muerden— tiene el potencial de generar inclusión social, crecimiento económico, ocupación territorial sana y paz sostenible. Si se hace bien hecha, es el gran negocio.
Sin embargo, estas cosas no las produce Harry Potter: son producto de fuerzas sociales coherentes, un clima moral e intelectual, miles de tecnócratas preparados y convencidos. Y de un marco democrático apropiado. A las jeremíadas sobre el fin del modelo y el fantasmón de la expropiación, mi respuesta es triple. Primero, el camino venezolano me parece un desastre. Segundo, el modelo colombiano realmente existente ha expropiado mucho, muchísimo más, y de manera mucho más violenta, que cualquier cosa que (aún) quepa en la imaginación del liderazgo de la hermana república bolivariana. Si hay un modelo que garantiza la debilidad e inestabilidad crónicas del derecho de propiedad en el campo colombiano, es el que actualmente tenemos. Y qué raro, los que ahora se rasgan las vestiduras no dijeron ni mu cuando estaban expropiando y matando en masa a miles de pequeños propietarios. Ahí sí no hubo ceño fruncido ni réquiem por la propiedad, sino defensa cerrera del statu quo construido a sangre y fuego. Tercero, de manera positiva, la experiencia histórica ha mostrado una y otra vez que esos cambios pueden tener un enorme efecto estabilizador y prodesarrollo. Pero ellos no se pueden hacer “desde afuera”; toca construirlos “desde adentro”. Nadie razonable daría garantías de que habrá final feliz. Pero con guerra, en cambio, sabemos qué pasará: bloqueo total.
A propósito: el Observatorio de Restitución y Derechos de Propiedad organiza para el 7 de noviembre un seminario sobre la relación entre inequidad agraria y guerra. Expondrán académicos de primera línea en el mundo y en el país. El primer círculo concéntrico. Más información e inscripciones en http://www.observatoriodetierras.org
Francisco Gutiérrez Sanín *
