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Me alegra que las Farc hayan devuelto a los dos uniformados que estaban en su poder, y se encuentren en proceso de entregar al general Alzate.
Es un gesto pro-paz, pero también de responsabilidad. En realidad, no debería causar mucha preocupación el que el proceso tenga estos altibajos; acabar conflictos prolongados y dolorosos de manera civilizada nunca es fácil o indoloro. Pero el evento sugiere que hay problemas que valdría la pena comenzar a enfrentar en serio.
Nadie se va a ganar el premio Nobel si afirma que descubrió que hay una insatisfacción de un amplio sector militar con el proceso. Acaso ni siquiera merecerá un tibio eureka. Lo han dicho muchas personas, en tonos diversos. Remito al lector a los excelentes informes que ha sacado sobre el particular el portal La Silla Vacía. La pregunta es qué hacer frente a esto. Pues se trata de un fenómeno extremadamente delicado, mucho más que la situación específica que reveló —¡una vez más!— su existencia. En realidad, hay sólo dos maneras de enfrentarlo. Una es incitar al ministro de Defensa a actuar como el jefe de un sindicato —o permitirle hacerlo, lo que viene a ser lo mismo—, que tiene intereses superiores a los de todos los colombianos. La otra es buscar una ruta más activa, más inteligente, que tenga en cuenta tanto las reivindicaciones y preocupaciones legítimas de los militares y policías como los intereses estratégicos de nuestra sociedad y nuestro Estado.
Pues es claro para mí que la paz —esa enorme conquista de la que estamos tan peligrosamente cerca— no se puede hacer contra los militares, y no se debería hacer sin ellos. Estoy convencido así mismo de que hay miles y miles de miembros de la fuerza pública dotados de valores y destrezas claves, que se han atenido a lo largo de estos años a las reglas básicas de la legalidad y el honor, muchas veces en situaciones extremadamente difíciles y a riesgo de sus vidas (actuando además dentro de un pésimo sistema de incentivos). Pero para que este potencial pueda aportar a una paz democrática y sostenible, el país, las fuerzas, y sus relaciones mutuas tienen que cambiar. Y esos cambios solamente se pueden propiciar desde una reflexión estratégica, de largo plazo, que visualice el lugar adecuado de las instituciones armadas en una Colombia en paz. Esto también implica salir del juego de suma cero, una trampa que es tanto política como mental, que permite solamente adoptar dos posiciones frente a la fuerza pública: o defensa exaltada u hostilidad irreflexiva.
En realidad —como lo sugiere el estupendo editorial del 24 de noviembre de este diario— la ruta gremialista que ha adoptado el ministro de Defensa como su única orientación es desmoralizante y destructiva, y va resultando cada vez más contraproducente. Se ha convertido en un estorbo para la paz. Ha minado la interlocución entre la sociedad y la fuerza pública. Va un ejemplo simple. Cuando el ministro, en lugar de compartir la indignación moral y la rabia que sentimos todos los colombianos por el repugnante episodio de los falsos positivos, se molesta con su sola mención y lo reduce a una anécdota a la cual es de mal gusto referirse (y hace esto en nombre de todos los militares y policías, varios de los cuales sienten tanta rabia como el resto de sus compatriotas) está cometiendo un daño irreparable. Daño que, a propósito, se nota en los sondeos de opinión. Tanto la Policía como el Ejército están ya en una situación precaria: mejor que la de otras instituciones, pero este sería el típico consuelo de bobos. Pronto volveré al tema.
Estamos, pues, frente a un drama pirandelliano: una sociedad en busca de una política. Ojalá la encontremos a tiempo.
