Un juzgado ordenó recientemente al excelente portal Casa Macondo retirar una investigación sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. La decisión, que parece bastante arbitraria, compromete la libertad de expresión de los colombianos, como lo editorializó este diario.
Pues no se trata del proverbial caso aislado. La Corte Constitucional había decidido ya hace un par de años que los artículos del Código Penal que castigaban la apropiación de baldíos eran inexequibles. El Consejo de Estado, por su parte, parece haber prometido no quedarse atrás. Este año tumbó el alza del salario mínimo decretada por el gobierno de Petro, y ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional instaurar en la rectoría, con efectos inmediatos, al profesor Ismael Peña.
No soy abogado, y pertenezco al 1 % de la población colombiana que no aspira a serlo. A la vez, respeto enormemente esta profesión, entre otras cosas por su centralidad en la operación cotidiana del Estado. Y por eso me parece más bien desmesurada la pretensión de poder pasar de un día para otro de, digamos, físico o biólogo, a jurista. Así que no puedo comentar sobre la validez jurídica de cada uno de esos fallos.
Sin embargo, desde una perspectiva política, puedo decir que tienen dos características en común. La primera es la extrema irresponsabilidad, el juego con consideraciones sustantivas que obviamente los tomadores de estas decisiones conocen y manejan muy mal. Esto es patente en lo del salario mínimo. Pero también en la legalización de facto de la apropiación de baldíos, en un país con un problema de tierras terrible, que ha constituido, y creo sigue constituyendo, una bomba de tiempo. No hablemos de lo de la Universidad Nacional, que probablemente generará una desestabilización, como que va directamente en contravía del sentimiento abrumadoramente mayoritario de estudiantes, docentes y administrativos. ¿Esta alegría es la proverbial “decisión en derecho”, o más bien poesía a la Guillermo Valencia (“sacrificar un mundo para pulir un verso”)? Este juego legalista autorreferido ha caracterizado, no por casualidad, muchas de nuestras decisiones a lo largo de la historia. El resultado no es tan chévere.
La segunda es que corresponden a una agenda política que involucra a grandes jugadores políticos y gremiales. Esto es patente en lo de Ibáñez. La decisión de la Constitucional sobre los baldíos resultó de una demanda interpuesta por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), gestionada por connotados juristas. Es bien conocido que Paloma Valencia –me imagino que descendiente del maestro Guillermo, lo que no me alegra, ya que éste último era al menos un buen poeta y un fantástico traductor– y su partido, el Centro Democrático, han apostado duro a favor de Peña como rector de la Nacional. En lo del salario mínimo estuvieron involucrados varios gremios, comenzando por Fenalco bajo la guía de Cabal, como lo mostró la Revista Raya.
Una característica definitoria de la democracia liberal es la separación de poderes y el respeto del ejecutivo a las decisiones judiciales. A menudo, los jueces detienen locuras o estupideces promovidas por los políticos (también algunos de izquierda). Y en coyunturas históricas específicas, juristas ilustrados pueden promover la inclusión y la tolerancia. O simplemente proceder de manera equilibrada en momentos en que otros actores no están en posición de hacerlo.
Pero es fácil saltar de estas premisas, a mi juicio innegables, a la idea engañosa de que el aparato judicial está libre de agendas políticas, a veces muy brutales, o de que está inevitablemente del lado de la inclusión. Leí hace años un artículo de la excelente revista Harper’s, que se lamentaba de que los progresistas estadounidenses habían dado precisamente ese salto mortal. Consecuencia: pérdidas masivas de derechos. Los instrumentos y las instancias judiciales son sólo parte del repertorio de instrumentos (pacíficos, para no dejar ninguna duda en nuestro ambiente público envenenado y suspicaz) para promover los cambios sociales inclusivos que el país necesita.
