Los paros agrarios se le volvieron literalmente una papa caliente al Gobierno.
Esto no dejará de parecer sorprendente, e incluso injusto, a algunos. Pues la recuperación del agro —no sólo en el sentido económico, sino político e institucional— ha sido una de las banderas emblemáticas de esta administración. Santos se calificó a sí mismo “presidente campesino” y llegó a llamarse “traidor de clase”. Sin embargo, ya ven, esa misma población a la cual estaba apelando, llevó a cabo una movilización, que no termina y que no sólo conmovió al país, sino que minó significativamente la posición de Santos en los sondeos de opinión.
¿Por qué ella no se enfrentó a Uribe y sí en cambio a un gobierno que por lo menos no es tan contumaz? ¿Cómo explicar el fenómeno? De manos a boca se me ocurren tres aspectos claves a tener en cuenta. Primero, es claro que la capacidad de protesta, y también las expectativas, aumentan cuando la situación mejora. Lo dijo Tocqueville, mucho antes y mucho mejor que Huntington. En la medida en que hicimos el tránsito del discurso uribista de estigmatización de todo lo que oliera a protesta a otro, basado en el reconocimiento de que sí había víctimas y un “problema rural”, la capacidad de tramitar demandas por parte del campesinado aumentó. En cambio, se mantuvieron intactos numerosos motivos económicos de insatisfacción. Con las primeras expresiones de protesta, el gobierno, en lugar de apropiarse de la bandera de los cambios y marcar distancias con el pasado, entró en pánico y recaló sobre el viejo discurso que reduce todo el tema a un asunto de seguridad, y se convirtió en el blanco directo de las iras acumuladas durante años.
Segundo, muchos de los cambios declarados por el Gobierno aún llegan sólo en dosis homeopáticas. Claro, estas cosas son intrínsecamente difíciles. Alguna vez, cuando Juan Camilo Restrepo —en todo caso un buen ministro— dijo que él no se guiaría por el libreto de las “viejas reformas agrarias”, sugiriendo que estaba más allá de esos intentos de la antigüedad, mi primera reacción fue pensar: no desprecien a los viejos reformistas. Esa era gente que sabía mucho y trató muy duro, y si fracasó es mejor estudiar por qué, en lugar de declarar cerrado el caso. Sólo si les va mejor tienen derecho a hablar. La verdad es que Colombia finalmente no tuvo su reforma agraria, pero en cambió vivió en las últimas décadas una contrarreforma extraordinariamente brutal, que nos pone frente a un problema redistributivo de enormes magnitudes. No, no sólo se trata de tierra (aunque no hay que poner cara de inteligente cuando se dice esto: ya hacía parte del ABC de Carlos Lleras, Enrique Peñalosa padre y el resto del equipo de 1968), pero todo comienza ahí. Y en esto, como se ve en el caso del sur del país, el Gobierno ha emitido señales equívocas, que sugieren que en el nivel más alto de toma de decisiones no hay libreto (o, peor aún, que el libreto verbal y el de facto no coinciden). Más aún, muchas de las coaliciones regionales que protagonizaron el despojo siguen ahí, muy campantes y bien conectadas.
Y esto me lleva al tercer y último punto. Estas movilizaciones parecen haber sido típicamente paramunas. No fueron los “trabajadores de tierra caliente” de Medardo Rivas, ni necesariamente las víctimas más directas de la violencia, quienes protagonizaron los paros. Independientemente de ello, el núcleo de la reacción institucional se generó desde la perspectiva de la seguridad. Una vez más, quedó clara la absoluta carencia de una interfaz institucional mínimamente desarrollada entre el Estado y los campesinos.
Si uno quisiera transformar este choque en resultados positivos, las razones mismas del encontronazo parecen estar sugiriendo los métodos para salir de la crisis.
