La paz, los políticos y los juristas

Decía Stefan Zweig que la duda era la madre de todas las ideas. Sólo los fanáticos y los tontos (o algo así: cito de memoria) nunca vacilaban.

La ruta de la paz —de esta que, como en todas partes, es imperfecta y extraña, no de otra impecable y bonita que no tendrá lugar jamás— está también llena de preguntas y titubeos. No puede molestar a ningún amigo de la paz que la trayectoria específica que ha escogido la bancada gubernamental sea interrogada y debatida. Pero que se use el tono y la analogía que adoptó Ordóñez al referirse a las facultades especiales a las que aspira Santos, es una desvergüenza inaudita. Ordóñez afirmó que no había “mucha diferencia” entre la ley habilitante de Hitler y las susodichas facultades. La magnitud del despropósito debería ser obvia incluso para un zafio como Ordóñez.

Mejor le fue a José Obdulio Gaviria. Tengo que confesar que siempre pensé que José Obdulio era una nulidad, y mil indicios me lo han confirmado en este tiempo. Debo decir también que siempre rechacé explícitamente que se le comparara con Goebbels. Por el contrario, siempre me ha divertido. Casi siempre cuando quería parecer siniestro terminaba siendo chistoso (Uribe, en cambio, cuando posa de chistoso resulta siniestro). Pero ha hecho un par de intervenciones contra las iniciativas gubernamentales pro-paz que me lo han mostrado bajo una nueva luz. Son discursos que contienen ideas y verbo. Sería sensato considerarlos con atención. Sin embargo, pillé un interesante lapso de memoria durante la exposición de José Obdulio (no puedo dar la fecha de la sesión, pues la veía en diferido). Decía aquel que él sólo era un abogado, y que no incurriría en el despropósito de personas como la Springer, de autodenominarse jurista. Ese término estaba reservado para los magistrados de la Corte...

Alto ahí. Ignoro si Springer haya hecho una declaración de ese tenor, y en todo caso para mí se trata si acaso de un pecado definitivamente venial, ¿pero cuándo oí por primera vez un reproche semejante? Entonces me acordé. Alguna vez Obdulio se autodenominó jurista, y María Isabel Rueda le cayó con todo el peso del abolengo. A Rueda el detalle le pareció frondio. Claro. Ella quería un uribismo libre de chusma, y esto le parecía una transgresión comparable a limpiarse la nariz con el tenedor en una cena de gala. ¡Nuestro flamante expositor estaba atacando a una ciudadana, sin duda con la intención de alcanzar al fiscal, hablando de un chasco en el que él había sido protagonista! Y del que había salido muy mal parado.

¿La mala memoria proverbial de ciertos sectores políticos, o un mecanismo inconsciente de compensación? Como fuere, estos episodios revelan bien el lugar de Ordóñez y Montealegre en nuestra vida pública. Aunque el pudor terminológico de Rueda sea francamente mañé, tiene algo de fondo: para cualquier institucionalidad funcional tiene que haber alguna distancia tangible entre la política práctica y quienes operan con las leyes. Claro, la ilusión de que jueces y magistrados son apolíticos no es sostenible; pero entre dicha ingenuidad y la pretensión actual de las cabezas de nuestros principales organismos de control de cogobernar hay un gran trecho. Esta distancia se ha perdido de una manera terrible en estos últimos años.

Corregir esta distorsión peligrosísima es relativamente fácil: basta con cargar la figura del fiscal y del procurador con inhabilidades severas, para que sólo puedan salir al retiro o a la rama judicial, y no a cargos de elección popular. Entonces aspiraría otra clase de personas. Bueno para la paz, bueno para la democracia. El Gobierno perdió esta oportunidad de oro durante la reforma del equilibrio de poderes, pero ahora que estrenará sus hitlerianas facultades especiales valdría la pena que lo repensara.