En las últimas semanas, nos enteramos de dos noticias importantes e íntimamente vinculadas. La primera fue la solicitud del gobierno colombiano de retirar la Reforma Rural Integral de las tareas de seguimiento de la Misión de Verificación de la ONU en el país. El argumento central de tal petición es increíblemente farisaico: que Colombia ya tiene las herramientas para desarrollar una política de acceso a la tierra, sin necesidad de supervisión internacional. Lo dice un gobierno cuyo ministro de agricultura —no me acuerdo de su nombre, pero algún lector amable me lo recordará— quiere borrar hasta la misma palabra “campesino”.
La segunda es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez, tras un tortuoso proceso que se extendió durante décadas. Santiago perteneció orgánicamente a un grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles” (por contar con un cura en su liderazgo), o en otra denominación aún más diciente, “Autodefensas del Norte Lechero” de Antioquia. El centro de operaciones del grupo, que cometió brutales ataques contra la población civil, era la Hacienda La Carolina. Operaba como un instrumento contrainsurgente, en esencia dirigido contra las supuestas bases sociales de la subversión; pero también desarrollaba una guerra contra los “indeseables”, a través de la limpieza social. Esto aumentó de manera drástica el elenco de caracteres de personas matables, desaparecibles o torturables (un fenómeno que se observa en varias unidades paramilitares y que sugiere un esfuerzo por construir su propio “buen” orden social imaginado).
Una historia de horror, que no pudo desarrollarse sin una serie de variables fácilmente identificables: el alineamiento de los grandes ganaderos de la región, la complicidad de agencias del Estado a diferentes niveles territoriales, la articulación con el sistema político, y una densa selva de complicidades (y silencios cómplices).
¿Por qué digo que están íntimamente vinculadas? Porque ambas revelan la gran centralidad del poder terrateniente en la conformación de nuestro poder político y Estado. No es que los grandes propietarios de tierras sean los más ricos o poderosos; eso ya pasó hace rato. Pero están al frente de los conflictos en los territorios, tienen en nuestro país una larga experiencia en el acceso y manejo de los grandes medios de violencia y están a la vanguardia de las soluciones de fuerza cada vez que diferentes élites (con las que pueden estar íntimamente articuladas) necesitan recurrir a ellas.
Lo que, a su vez, sugiere tres conclusiones simples, pero, creo, importantes. No: el tema de la tierra no pasó de moda. Está aún en el centro de nuestros debates y de la lucha por alcanzar la proverbial paz estable y duradera. Lo seguirá estando. La tierra nos da el espacio en el que nos movemos, la comida que nos comemos, los estimulantes (comenzando por el café) que nos tomamos. La autoridad política, tal como la conocemos, es eminentemente espacial. Ampliar el alcance territorial del Estado pasa por la regulación de la tierra.
Segundo, uno de los objetivos de la reforma agraria es debilitar críticamente el poder de los terratenientes. Francamente, si no lo hace, es fácil regresar a los peores escenarios. No busquen en las páginas de Marx, Lenin u Ho Chi Minh sustentaciones para este aserto. No hay que ir tan lejos. Lo afirmaron Alejandro López y Carlos Lleras; de hecho, también el muy conservador Hernán Echavarría, en nuestro contexto, así como el general Velasco Alvarado en el Perú, y otros reformistas que pudieron generar transformaciones positivas en sus países.
Tercero, ese poder terrateniente —con la hacienda como su base social y material— estuvo en el centro del ciclo de conflicto que trató de cerrar el Acuerdo Final de 2016. Lo de los 12 Apóstoles es llamativo por ser Santiago Uribe quien es, pero cuando uno mira la evidencia (abrumadora) proveniente del mundo paramilitar, esa experiencia constituye mucho más la regla que la excepción.