A raíz de la condena de aun otros dos altos funcionarios de su gobierno, el senador Álvaro Uribe decidió lanzar un virulento ataque contra la Corte Suprema de Justicia. Naturalmente, no se defendió de los cargos gravísimos y de la enorme cantidad de evidencias que pesan sobre estas figuras, y que lo involucran a él directamente.
Siguiendo a rajatabla las reglas de su propio código retórico —que describí en columnas pasadas— ni admitió ni explicó nada, y en cambio procedió según el principio de que la mejor defensa es el ataque.
A estas alturas, lo único que me asombra del episodio es que todos los periodistas, sin excepción, y una parte sustancial de los políticos activos, sigan cayendo en el garlito. Ya verán cómo comienzan los sesudos análisis acerca del valor de las acusaciones que Uribe reparte con la misma desenvoltura con que gentes maliciosas distribuyen spam o virus a nuestras cuentas de correo. Pero antes de que eso ocurra, vale la pena hacer el esfuerzo por tasar las denuncias temerarias del senador Uribe en su justo valor. Estas se reducen a dos. Primero, que la Corte estaba “interferida” por los “narcotraficantes” Sale y Reyes. Los criterios de Uribe para juzgar la “interferencia” son bastante alegres. Con ese rasero, más de uno sale “interferido”... ¿Recuerdan por ejemplo la interferencia de los narcoparamilitares en el DAS? Pero, ¡ay!, es mejor no nombrar esa agencia, porque sabemos que a ella le encargaron tratar de demostrar a través de chuzadas e intimidaciones lo que ahora Uribe afirma sin sustento alguno. Qué ejemplo de acto fallido, que plato exquisito para los psicólogos: el expresidente toma por dada la aserción que su agencia de seguridad no pudo demostrar pese a haber tenido el margen de maniobra para combinar métodos legales e ilegales.
Niego enfáticamente, por supuesto, que las amistades peligrosas de algunos magistrados con Sale y Reyes puedan o deban ser ignoradas. Pero eso no quiere decir que todos estuvieran involucrados, o que todas las decisiones de la Corte estuvieran orientadas a favorecer a Sale y Reyes, o que la culpabilidad de un par de magistrados exonere de manera automática a Uribe. ¿Alguien puede creer razonablemente que la condena de los exministros sirve a los narcotraficantes? Y eso me lleva a la segunda, y extravagante, denuncia: que quien está en realidad detrás de la caída de Palacio y Sabas son las Farc. Dice Uribe: “Por supuesto, ese comunicado salió el día en que nosotros nos pronunciábamos aquí por la muerte de los soldados”. Aparte de que es una bajeza inaudita utilizar el cadáver de los soldados como escudo de un gobierno y unos políticos acusados de corrupción, la inverosimilitud de la insinuación es obvia. ¿Será que los de las Farc y la Corte Suprema coordinaron entre las sombras para que la condena llegara exactamente el día después del luctuoso episodio? ¿Y entonces cómo lo hicieron? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Claro: nada cuadra. Pero esa no es la idea. Ni tampoco producir una corriente de aserciones que se mantengan unidas por un hilo conductor. Sino crear un clima de histeria y “hacer invivible la República”. Es lo mismo que las acusaciones a Santos de ser castro-chavista. De todos los defectos posibles de los que pueda adolecer el presidente, ese es el único que todo el mundo sabe que NO tiene ni podría tener. Una vez más: si se tratara del intento de hipertrofiar los poderes del Ejecutivo durante su gobierno, o de simpatía por los discursos radicales, nuestro político relevante más cercano al chavismo sería sin duda el propio Uribe. Pero nada de esto importa: lo que se busca es tapar el hedor con mucho ruido.
¿No será hora de pedir cuentas claras y dejar de tolerar los fantásticos subterfugios del senador Uribe?
A raíz de la condena de aun otros dos altos funcionarios de su gobierno, el senador Álvaro Uribe decidió lanzar un virulento ataque contra la Corte Suprema de Justicia. Naturalmente, no se defendió de los cargos gravísimos y de la enorme cantidad de evidencias que pesan sobre estas figuras, y que lo involucran a él directamente.
Siguiendo a rajatabla las reglas de su propio código retórico —que describí en columnas pasadas— ni admitió ni explicó nada, y en cambio procedió según el principio de que la mejor defensa es el ataque.
A estas alturas, lo único que me asombra del episodio es que todos los periodistas, sin excepción, y una parte sustancial de los políticos activos, sigan cayendo en el garlito. Ya verán cómo comienzan los sesudos análisis acerca del valor de las acusaciones que Uribe reparte con la misma desenvoltura con que gentes maliciosas distribuyen spam o virus a nuestras cuentas de correo. Pero antes de que eso ocurra, vale la pena hacer el esfuerzo por tasar las denuncias temerarias del senador Uribe en su justo valor. Estas se reducen a dos. Primero, que la Corte estaba “interferida” por los “narcotraficantes” Sale y Reyes. Los criterios de Uribe para juzgar la “interferencia” son bastante alegres. Con ese rasero, más de uno sale “interferido”... ¿Recuerdan por ejemplo la interferencia de los narcoparamilitares en el DAS? Pero, ¡ay!, es mejor no nombrar esa agencia, porque sabemos que a ella le encargaron tratar de demostrar a través de chuzadas e intimidaciones lo que ahora Uribe afirma sin sustento alguno. Qué ejemplo de acto fallido, que plato exquisito para los psicólogos: el expresidente toma por dada la aserción que su agencia de seguridad no pudo demostrar pese a haber tenido el margen de maniobra para combinar métodos legales e ilegales.
Niego enfáticamente, por supuesto, que las amistades peligrosas de algunos magistrados con Sale y Reyes puedan o deban ser ignoradas. Pero eso no quiere decir que todos estuvieran involucrados, o que todas las decisiones de la Corte estuvieran orientadas a favorecer a Sale y Reyes, o que la culpabilidad de un par de magistrados exonere de manera automática a Uribe. ¿Alguien puede creer razonablemente que la condena de los exministros sirve a los narcotraficantes? Y eso me lleva a la segunda, y extravagante, denuncia: que quien está en realidad detrás de la caída de Palacio y Sabas son las Farc. Dice Uribe: “Por supuesto, ese comunicado salió el día en que nosotros nos pronunciábamos aquí por la muerte de los soldados”. Aparte de que es una bajeza inaudita utilizar el cadáver de los soldados como escudo de un gobierno y unos políticos acusados de corrupción, la inverosimilitud de la insinuación es obvia. ¿Será que los de las Farc y la Corte Suprema coordinaron entre las sombras para que la condena llegara exactamente el día después del luctuoso episodio? ¿Y entonces cómo lo hicieron? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Claro: nada cuadra. Pero esa no es la idea. Ni tampoco producir una corriente de aserciones que se mantengan unidas por un hilo conductor. Sino crear un clima de histeria y “hacer invivible la República”. Es lo mismo que las acusaciones a Santos de ser castro-chavista. De todos los defectos posibles de los que pueda adolecer el presidente, ese es el único que todo el mundo sabe que NO tiene ni podría tener. Una vez más: si se tratara del intento de hipertrofiar los poderes del Ejecutivo durante su gobierno, o de simpatía por los discursos radicales, nuestro político relevante más cercano al chavismo sería sin duda el propio Uribe. Pero nada de esto importa: lo que se busca es tapar el hedor con mucho ruido.
¿No será hora de pedir cuentas claras y dejar de tolerar los fantásticos subterfugios del senador Uribe?