YA QUE EL REFERENDO REELECCIOnista acaba de pasar uno de los escollos en su alocada carrera de obstáculos, conviene hacer una recapitulación y preguntarse cuáles son sus implicaciones. Creo que la respuesta se puede resumir en tres resultados.
En primer lugar, un colapso moral enorme. El referendo está salpicado por donde se mire. Se trata de una iniciativa alegremente patrocinada por contratistas del Estado, quizás también por pirámides, y empujada en medio de toda clase de irregularidades. Me da la impresión de que cogieron por el camino torcido incluso cuando no lo necesitaban; simplemente por costumbre, por no dejar. La situación la caracteriza plenamente el siguiente hecho: hasta ahora la única garantía de transparencia del trámite del referendo es la palabra de Luis Guillermo Giraldo —el Einstein del uribismo—, quien nos promete que tarde o temprano se sabrá la verdad (Dios lo quiera, muchacho, pero no creo que te convenga). En segundo lugar, una descomposición a ojos vista de la institucionalidad. Esto tiene causas —y consecuencias— un poco más complejas de analizar.
Desde hace ya mucho se ha emprendido desde las alturas una ofensiva contra los mecanismos democráticos de pesos y contrapesos, de la que se pueden decir muchas cosas —obsesiva, afanosa, apasionada— menos que es metódica. Porque estas gentes carecen de método; y esa su carencia no tiene nada de casual. Se trata en buena medida de personal político de aluvión, rescatado de toda clase de naufragios, sin mayor relación con la burocracia y la tecnocracia, personas más entrenadas en la ejecución de pequeñas avivatadas de café que en el trabajo sistemático. Podría poner literalmente cientos de ejemplos que he ido coleccionando, pero por ahora me contento con dos. Uno: se sacude la vida política del país hasta sus cimientos para emprender la segunda reelección, pero esta se pone en manos de alguien que a ojos vista apenas sabe redactar, lo que implica violarlo todo para obtener el resultado que realmente se busca, etc. Dos: para distraer el debate sobre la política anti-drogas, se impulsa la plena penalización del consumo. Esto, en un país con una crisis carcelaria y un déficit de policía crónicos. Al darse cuenta del absurdo, se inventan unos “tribunales terapéuticos”, sin apercibirse de que producirán un escándalo. Se termina escondiendo la propuesta —acaso simplemente se olvidan de ella—. Así es como se hace política pública en el país más feliz del mundo. Este modo de proceder tiene sus ventajas —créanme: la ineptitud protege—, pero genera ruido y deterioro permanentes. A mediano plazo, irreparables.
Tercero, pero no menos importante, una ofensiva contra la democracia y la Constitución. Como lo ha sugerido acertadamente César Rodríguez, nos dirigimos a un escenario peruano, sólo que en lugar de “interpretación auténtica” aquí hablamos de “modulación” —una expresión que no significa lo que el Presidente cree que significa—. Pues nuestras viejas tradiciones gramaticales también las han mandado al carajo. En vez de español, se utiliza una jerga que es a la vez provincial y orwelliana. Otra gran pérdida. Nos está saliendo costosa, la continuidad del caudillo.
