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El odio de ventrículo frustrado de María Fernanda Cabal —revictimizando a una persona que había actuado con perfecta dignidad, y a la vez equivocando el blanco por partida doble— es el obvio resultado de una pugnacidad irreflexiva, que casa muy bien con la naturaleza del personaje.
Sin embargo, no todos los interrogantes que se le plantean al proceso son de la misma naturaleza y de la misma simplicidad. Y los que quieran que aquél salga adelante tendrán que preguntarse en serio por qué y para qué se hace. En principio, me parece que la paz con las Farc contiene al menos tres grandes promesas. La primera es la de la terminación real y efectiva del ciclo de conflicto armado en Colombia. Los otros procesos de paz, con mayor o menor éxito, permitieron la incorporación de diversos actores y una modernización institucional que, por parcial, no fue menos real. Pero, por razones complejas, las Farc constituyen una categoría aparte. Claro: se puede contraargumentar que muere mucha más gente en accidentes de tránsito que en medio del conflicto. Y para muchas personas es mucho más importante y real la “guerra” que se libra a codo limpio a la entrada de Transmilenio que aquella, lejana y remota, que tiene lugar —algunos dirán que esporádica y marginalmente— en las montañas de Colombia. Lo que pasa es que los accidentes de tránsito reflejan problemas con respecto de una política social específica, mientras que la existencia del conflicto se refiere a una falla constitutiva de nuestro Estado.
La segunda es que un acuerdo de paz puede abrir temas largamente represados, que la dialéctica amigo-enemigo ha dejado en el congelador. Por ejemplo, muchos de los temas de representación y reivindicación de los movimientos sociales en el campo quedaron históricamente neutralizados, o absorbidos por la lógica antisubversiva. Este fue uno de los factores que permitieron la consolidación de poderes regionales antidemocráticos, antidesarrollo y frecuentemente entrelazados con estructuras criminales. El camino hacia un país más equitativo, con reformas sociales igualitarias y modernizantes, está completamente cerrado mientras sigamos encerrados en esta dinámica claustrofóbica del conflicto. El camino hacia una mejor política —y hacia el cumplimiento de la expectativa de la Constitución de 1991, de meter a toda la política dentro de la legalidad— también pasa por ahí. Ahora que conmemoramos los 25 años del asesinato de Galán, vale la pena recordar su vena propaz, íntimamente relacionada con su lucha contra la corrupción y sus esfuerzos en pro de la modernización del Estado.
Y la tercera es la posibilidad de una ocupación democrática del territorio, y por consiguiente de la construcción de sinergias prodesarrollo. Mientras la presencia territorial del Estado esté subordinada a la construcción de coaliciones regionales antisubversivas opacas, en el mejor de los casos, es mejor no soñar con crecimientos económicos significativos y sostenibles. Allí donde se han producido los proverbiales saltos cualitativos y los milagros económicos, los países han pasado por procesos de reconfiguración de la presencia estatal y de transformaciones profundas en la relación entre las agencias del Estado y la población. Nada de esto se puede siquiera soñar en medio de un conflicto tan violento y tan brutal como el nuestro.
Nada de esto constituye, ni se puede plantear como, una concesión a las Farc; es aprovechar tiempos extraordinarios para ponernos al día. Está muy bien que muchos analistas se manifiesten dispuestos a comerse diversos sapos para llegar a la paz. Y es clave que empecemos a hablar claro y duro de las diversas victimizaciones que se han producido en el país. Pero nunca hay que dejar de explorar un aspecto simple e importante de esta ruta que con un poquito de suerte y buen sentido podremos transitar: la paz también es una ventana de oportunidad.
