Importantísimo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por sanear la llamada Sociedad de Activos Especiales (SAE). Por dos razones: primero, ella puede ser una fuente de recursos inapreciables para el acceso de los campesinos a la tierra; y segundo, significa un paso adelante en el esfuerzo por elevar los estándares morales y de comportamiento del Estado y de nuestra vida pública.
Quiero, sin embargo, llamar la atención sobre lo siguiente: los problemas de la SAE provienen de un pésimo diseño institucional, algo que, no casualmente, es común a muchas agencias relacionadas con la propiedad de la tierra agraria en Colombia. El diseño institucional es fundamental; en este caso, sobre todo si se contempla desde la perspectiva de la alternación en el poder. Como el presidente Petro en su encuentro con su homólogo Maduro mostró que está firmemente parado sobre el terreno de la democracia (dando un mensaje muy positivo y claro), aquella perspectiva debe estar siempre presente. El actual buen director de la SAE no va a durar para siempre. Los cambios se consolidan cuando están fundados en reglas de juego buenas, sensatas y sostenibles.
¿Por qué hablo de mal diseño de la SAE? El tema se entiende mejor si nos remontamos a su antecesora, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), creada en 1990, si la memoria no me traiciona. La DNE administraba bienes incautados y extinguidos a narcos y otros criminales, pero por muchas razones prácticamente no los soltaba. Se volvió un parqueadero de predios. A finales de la década de los 90, tenía de lejos el mayor patrimonio en términos de finca raíz del país. Pero por otra parte no contaba ni con el personal ni con los medios técnicos para administrarlo. Tampoco con controles operantes. Ya por entonces era claro que se había convertido en un nido de cosas impresentables.
Los comportamientos inapropiados, a veces claramente delincuenciales, de la DNE se salieron de madre durante los dos gobiernos de Uribe (de nuevo, si recuerdo bien: todos sus directores de la DNE estuvieron envueltos en escándalos). Uno hasta montó una máquina de corrupción con su hijo: familia que delinque unida permanece unida. El gran negocio era en esencia asignar y “arrendar” (a menudo a tasas irrisorias) diferentes propiedades a redes de amiguitos: políticos corruptos, empresarios y, naturalmente, narcos y paramilitares. Muchos bienes emblemáticos —del despojo, del narcotráfico— quedaron en cabeza de todos estos (algo a lo que espero volver).
Cuando Santos llegó al poder, quiso cerrar esa sentina. Buena decisión. Y no crean: le costó políticamente. Esa fue la cuna de la SAE. Pero Santos cometió un error. Mantuvo el diseño institucional en esencia intacto: una agencia con muy pocas capacidades, sin controles claros, manejando un patrimonio gigantesco. Es un diseño que le ofrece oportunidades de oro a gente poderosa y bien conectada, al amigo del amigo. Entre estos se cuentan muchos operadores de nuestro sistema político y potentados en busca de negocios, pero también hampones puros y duros, así como las áreas de intersección entre todas estas categorías. Y, como en los buenos viejos tiempos de la DNE, la SAE, según reporta la prensa, terminó asignando bienes a una multitud de personajes oscuros. Para peor, algunas protecciones del patrimonio nacional establecidas por Santos están a punto de caducar, lo que podría abrir la puerta a peores descalabros.
Se preguntará el lector por qué digo que estas agencias carecen de controles claros, si existen la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, etc. Pues ninguno de estos entes actuó con contundencia hasta ahora. De hecho, a estas alturas ni siquiera sabemos cuántos bienes tiene la SAE y cuántos se han refundido. Inverosímil. Cuando leo esas cosas me reprocho no tener alma de novelista.
Enderezar la SAE es una tarea vital. Y mucho se puede hacer simplemente actuando mejor. Pero creo que sería fundamental someterla a un rediseño profundo.
Importantísimo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por sanear la llamada Sociedad de Activos Especiales (SAE). Por dos razones: primero, ella puede ser una fuente de recursos inapreciables para el acceso de los campesinos a la tierra; y segundo, significa un paso adelante en el esfuerzo por elevar los estándares morales y de comportamiento del Estado y de nuestra vida pública.
Quiero, sin embargo, llamar la atención sobre lo siguiente: los problemas de la SAE provienen de un pésimo diseño institucional, algo que, no casualmente, es común a muchas agencias relacionadas con la propiedad de la tierra agraria en Colombia. El diseño institucional es fundamental; en este caso, sobre todo si se contempla desde la perspectiva de la alternación en el poder. Como el presidente Petro en su encuentro con su homólogo Maduro mostró que está firmemente parado sobre el terreno de la democracia (dando un mensaje muy positivo y claro), aquella perspectiva debe estar siempre presente. El actual buen director de la SAE no va a durar para siempre. Los cambios se consolidan cuando están fundados en reglas de juego buenas, sensatas y sostenibles.
¿Por qué hablo de mal diseño de la SAE? El tema se entiende mejor si nos remontamos a su antecesora, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), creada en 1990, si la memoria no me traiciona. La DNE administraba bienes incautados y extinguidos a narcos y otros criminales, pero por muchas razones prácticamente no los soltaba. Se volvió un parqueadero de predios. A finales de la década de los 90, tenía de lejos el mayor patrimonio en términos de finca raíz del país. Pero por otra parte no contaba ni con el personal ni con los medios técnicos para administrarlo. Tampoco con controles operantes. Ya por entonces era claro que se había convertido en un nido de cosas impresentables.
Los comportamientos inapropiados, a veces claramente delincuenciales, de la DNE se salieron de madre durante los dos gobiernos de Uribe (de nuevo, si recuerdo bien: todos sus directores de la DNE estuvieron envueltos en escándalos). Uno hasta montó una máquina de corrupción con su hijo: familia que delinque unida permanece unida. El gran negocio era en esencia asignar y “arrendar” (a menudo a tasas irrisorias) diferentes propiedades a redes de amiguitos: políticos corruptos, empresarios y, naturalmente, narcos y paramilitares. Muchos bienes emblemáticos —del despojo, del narcotráfico— quedaron en cabeza de todos estos (algo a lo que espero volver).
Cuando Santos llegó al poder, quiso cerrar esa sentina. Buena decisión. Y no crean: le costó políticamente. Esa fue la cuna de la SAE. Pero Santos cometió un error. Mantuvo el diseño institucional en esencia intacto: una agencia con muy pocas capacidades, sin controles claros, manejando un patrimonio gigantesco. Es un diseño que le ofrece oportunidades de oro a gente poderosa y bien conectada, al amigo del amigo. Entre estos se cuentan muchos operadores de nuestro sistema político y potentados en busca de negocios, pero también hampones puros y duros, así como las áreas de intersección entre todas estas categorías. Y, como en los buenos viejos tiempos de la DNE, la SAE, según reporta la prensa, terminó asignando bienes a una multitud de personajes oscuros. Para peor, algunas protecciones del patrimonio nacional establecidas por Santos están a punto de caducar, lo que podría abrir la puerta a peores descalabros.
Se preguntará el lector por qué digo que estas agencias carecen de controles claros, si existen la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, etc. Pues ninguno de estos entes actuó con contundencia hasta ahora. De hecho, a estas alturas ni siquiera sabemos cuántos bienes tiene la SAE y cuántos se han refundido. Inverosímil. Cuando leo esas cosas me reprocho no tener alma de novelista.
Enderezar la SAE es una tarea vital. Y mucho se puede hacer simplemente actuando mejor. Pero creo que sería fundamental someterla a un rediseño profundo.