Metas

Informa el diario británico The Guardian que Meta –dueño de aplicaciones que están ya en el corazón de la vida social contemporánea, como Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger– llegó a un acuerdo judicial, en el cual sus acusadores desisten de la demanda a cambio de un desembolso de 17 mil millones de dólares. Estos eran 29 estados de la Unión Americana, encabezados por California. El motivo de la acción:Meta estaba causando daño a niños y adolescentes debido al desarrollo de productos adictivos. Aparte de la multimillonaria suma, Meta se comprometió a crear toda una serie de protecciones a favor de esas poblaciones vulnerables.

Incluso para una compañía de las proporciones de Meta, la cifra es fabulosa. Con el agravante de que aquella ha perdido ya varias veces en los tribunales, y otros juicios –esta vez encabezados por asociaciones de padres, etc.– están por venir.

Este es un signo de los tiempos, y explica por qué la posición política del sector de alta tecnología pasó del proverbial “empresariado de tenis”, con una cara pública de buena vibra y descomplique, a otra mucho más oscura, de extrema derecha, un “nerd Reich” decidido a hacerle la guerra a la democracia, como documenta en detalle el periodista Gil Durán en su reciente y ya famoso libro. La cuestión simple que está sobre la mesa es: ¿qué tan tolerable es un Estado regulador, incluso uno sin grandes pretensiones reformistas, para compañías como estas?

La respuesta es: no mucho. En todo el mundo se están produciendo peleas titánicas entre aquellas empresas y esfuerzos de organizaciones sociales, políticos, jueces y burócratas –informados por diferentes motivaciones y perspectivas– por establecer alguna semblanza de regulación sobre sus actividades. Contra lo que predicaría el lugar común, el resultado no está predeterminado, al menos no en el corto plazo. Ya ven ustedes: pese a todo el desmonte “del Estado profundo” por parte de los representantes de la furia desreguladora, encabezados por Trump, California y sus aliados han tenido los instrumentos para obligar a Meta a responder por sus acciones (o falta de ellas). En 2024 ya se había producido otro episodio llamativo, que no produjo lo que algunos podrían pensar que era el resultado “obvio”. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó a la plataforma X, de Elon Musk, bloquear perfiles que difundían mentiras y discursos de odio. Musk se negó a seguir la orden, atacó a los jueces brasileños en nombre, claro, de la “democracia” y retiró a los representantes de X del país. El Tribunal, con el firme respaldo de Lula, ordenó el bloqueo de X, que finalmente se rindió, acatando el fallo y pagando las multas correspondientes.

Se me podrá argumentar que el desenlace en el largo plazo podría ser otro cantar, pero, como decía el buen Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Por el momento, baste con constatar que la lucha alrededor de la regulación y, en particular, de la protección de sectores vulnerables por medio de ella, es uno de los campos de confrontación esenciales en donde se juega la posibilidad misma de construir un orden político relativamente pacífico y razonablemente incluyente. No digo esto como admonición para la campaña criolla por defender a los productores de chitos y papas fritas que, sin duda, refleja algunas de estas dinámicas, pero sin ningún contenido tecnológico y en un tono menor que no les da mayor margen a estos tristes militantes de las grasas saturadas para plantear una reconfiguración de la sociedad y del sistema político a gran escala. En cambio, esta sí que es la meta de muchos de los gigantes tecnológicos estadounidenses y una de las razones básicas por las que se han alineado con Trump.

Hablando de inclusión: murió el padre Javier Giraldo. Su legado puede resumirse de muchas maneras, pero la más fundamental es la defensa de los más vulnerables. Paz en su tumba.