Todo el mundo sabe que México está viviendo una aterradora crisis de violencia, lo que de paso muestra que incluso un Estado relativamente fuerte —al menos para los estándares colombianos— resulta sustancialmente desestabilizado por el crecimiento de la economía narco.
Lo que a su vez sugiere el carácter insensato, brutal y enormemente costoso para los latinoamericanos —en términos de vidas humanas, dinero, años de desarrollo, Estado— de la política prohibicionista tercamente impuesta desde Estados Unidos durante ya más de cuatro décadas.
Pero quisiera dedicar esta columna a un pequeño pero diciente detalle de la respuesta mexicana al desafío. Mientras seguía debatiéndose intensamente la decisión del presidente Calderón de poner al Ejército en la primera línea de lucha contra el narco, el rector de la UNAM decidió invitar a sus profesores a elaborar un proyecto de Ley de Seguridad, cuyo propósito es permitir que el Estado avance de manera mucho más eficaz en la lucha contra la criminalidad sin que por eso se debiliten los derechos democráticos de los ciudadanos. ¿Cuadratura del círculo? Qué sé yo. Lo interesante es que aquí viene el milagro, o más bien la sucesión de pequeños milagritos. Primero, el proyecto se hizo. Segundo, tuvo amplia acogida en la prensa. Tercero, cuando el rector convocó a las bancadas parlamentarias de los tres principales partidos a analizar y discutir el proyecto, todos han asistido. Si no me equivoco, comenzó con el PAN —centro derecha—, para después seguir con el PRD —izquierda— y el PRI —muy aproximadamente centro, aunque en realidad el PRI es un bicho más complejo que las otras dos grandes agrupaciones mexicanas—. Como es también de conocimiento general, estos políticos mexicanos no son unos santos, y ahora que están calentando motores para la dura campaña presidencial que se avecina, su comportamiento se concentra cada vez más en las zancadillas y empujones que suelen usar para impulsar los intereses de su causa y de su propia carrera. Pero respondieron al llamado del rector de la UNAM. Llegaron, escucharon y aportaron, independientemente de sus preferencias políticas. Al parecer, la UNAM no es solamente una de las pocas universidades latinoamericanas que han logrado aparecer en la ya mítica lista de las quinientas mejores del mundo, sino que constituye, para los políticos y hombres de Estado mexicanos, un punto de referencia y un recurso importante en épocas de crisis.
Qué contraste con la situación colombiana. Aunque en el país ya nos hemos acostumbrado a la crisis permanente —una contradicción de términos, pero que nosotros experimentamos en carne viva—, la universidad no se considera un recurso intelectual y moral al que haya que acudir. Tengo la impresión de que simplemente la fractura entre los políticos y los partidos, por un lado, y el mundo universitario, por el otro, es abismal. No me imagino una bancada parlamentaria de un gran partido político colombiano sacando tiempo para escuchar, menos aún para ayudar a tramitar, un proyecto de origen universitario que toca aspectos básicos del diseño institucional de la seguridad. De hecho, en el país el interés básico de los últimos lustros ha sido simplemente socavar a la universidad pública, para aligerar el tren de gastos del Estado y acaso también para quitarse unos cuantos problemas de encima. Pero ni siquiera para hablar en serio de esto han podido los rectores convocar a los políticos colombianos.
Esto no es sólo brutalmente ineficiente, sino que tiene consecuencias. Los mexicanos tendrán mucha más inteligencia —inteligencia sin capucha, pero espero que eso no desanime a algunos lectores— al servicio del manejo de sus crisis. Y a su UNAM en la socorrida lista de las quinientas mejores.
