¡Moñona!

El Gobierno, a través de su ministro de Defensa, sigue empeñado en sacar adelante el proyecto de fuero militar, contra la opinión de los expertos y de una parte de su propia bancada en el Congreso.

Ya varios columnistas y analistas especializados en derechos humanos han destacado los aspectos condenables de dicho proyecto. Quisiera concentrarme en todos los contrasentidos políticos que contiene.

Primero, llama la atención que se presente justo en el momento en que las primeras páginas de todos los periódicos se llenan de noticias acerca de escándalos protagonizados por miembros de la Fuerza Pública: desde asesinatos hasta chuzadas. De ninguna manera quiero sugerir que la mayoría de la Fuerza Pública está involucrada en estos eventos. Pero si los encargados de la política, en lugar de dar incentivos a quienes los condenan, abre ventanas de oportunidad a quienes los cometen, no sólo obtenemos los resultados de horror que hemos contemplado en los últimos años, sino que nos encontraremos frente a un proceso de deslegitimación que puede tener resultados imprevisibles. Se podrá contraargumentar que en todas las encuestas el Ejército está entre las instituciones que más concitan la confianza de los colombianos. Santo y bueno, pero eso puede cambiar rápidamente (¿no se desplomó Uribe a 45% y el rancho ardiendo?), y en todo caso una institución armada que ataque a la población civil puede atraer muchos odios. Incluso si ellos son minoritarios, éste es el tipo de situación menos a propósito para construir una paz sostenible.

Segundo, desde comienzos de la década de 1980 los gobiernos que quisieron hacer la paz y se enfrentaron al problema militar lo resolvieron de la siguiente manera: ganar margen de maniobra a cambio de concesiones e intangibilidad frente a las instituciones. Esto es, dando a cada paso un fuero, cuya primera acepción en el diccionario de sinónimos y antónimos es “privilegio, exención, franquicia, concesión”. La experiencia muestra que este fue un pésimo negocio. A propósito, y para los que hablan de moral dentro de la Fuerza Pública, se puede demostrar fácilmente que dichos fueros generaron dinámicas desmoralizantes, contrarias a la disciplina y la capacidad institucional. Pregúntese en cambio el lector cómo les fue a los que denunciaron algún desafuero (“desmán, abuso, violencia”), y si el ministro ha tenido un pensamiento para ellos. Y enseguida pregúntese cuánto daño se le hace a una agencia cuando se la expone sistemáticamente a ese sistema de incentivos.

Tercero, la defensa de proyecto por parte del ministro es perfectamente descabellada. Se superó a sí mismo. Naturalmente, es cierto que los militares, como todos los colombianos, necesitan seguridad jurídica. Esta seguridad solamente la puede dar un conjunto de reglas claras y estables acerca de lo que se puede o no hacer. Lo que hace el proyecto es generar toda una serie de casos grises, que incitan a actuar de manera al menos dudosa —siendo MUY optimistas—. Esto pondrá a decenas de militares en situaciones insostenibles apenas cambien los vientos políticos: y lo harán, en cuanto comiencen a proliferar los escándalos. Esta supuesta “defensa” irreflexiva de la institución termina socavándola, y poniendo en peligro a sus integrantes. Lo que necesitan el Ejército y la Policía de su liderazgo civil es apoyo, claro, pero desde la perspectiva de la dirección estratégica, con perspectivas constructivas para la paz: lo que el actual mindefensa no ha podido dar durante su ejercicio en el cargo.

El fuero tendrá consecuencias previsiblemente nefastas para cientos de civiles que estén en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Podrían ser usted (también si es uniformado) o sus seres queridos. No lo olvide. Además socava el control civil sobre la Fuerza Pública, y constituye el peor sistema de incentivos que se le podría ofrecer a ésta. ¡Moñona!