Morir por partida triple, ¿o peor?

Tienen razón las víctimas al expresar su exasperación por los subterfugios detrás de los cuales se ha escondido el general Montoya, el oficial del Ejército que comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por los espantosos hechos conocidos como “falsos positivos”.

Inevitablemente, ha habido una suerte de motín contra la expresión misma. Pocos, empero, se han ocupado de explicar por qué es equívoca. Habría cómo. El asesinato de jóvenes de los sectores populares para después presentar sus cadáveres como producto de operaciones contra las guerrillas o los paramilitares superpone varias tropelías. Primero, el asesinato a mansalva de personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Imagínese el lector que lo sacan de su casa, por la fuerza o bajo engaño, lo llevan a un sitio especialmente escogido para las ejecuciones, le pegan un tiro y después le ponen un camuflado para decir públicamente que usted pertenecía a un grupo armado ilegal. Asesinato físico seguido del moral. Segundo, matar a alguien sin fórmula de juicio. Lo que nos recuerda que, tercero, aquí en teoría no hay pena de muerte.

El apelativo que tiene este crimen espantable proviene de una fuente: la política oficial instaurada en 2005 por el entonces presidente Uribe era reconstruir los sistemas de promociones y de incentivos de la fuerza pública a partir de los conteos de “positivos”, es decir, de muertos infligidos a la guerrilla. Así que en ese sentido específico la expresión es correcta: estos “positivos” eran falsos. El sistema formal creado e institucionalizado a la luz del día promovía de manera nítida esta forma de proceder.

No soy juez, y no puedo afirmar si Montoya supo directamente de estos asesinatos. Sí sé que fue un promotor incansable de los “positivos”, con una preocupación obsesiva por los conteos que dejaba de lado cualquier consideración sobre la forma en que se obtenían. Más aún, para mí lo más importante, y lo que a mi juicio está claro como la luz del día, es de cuál lado han estado las instituciones en este episodio infame que debería estar produciendo una reflexión seria sobre cómo emprender la reconstrucción moral del país: del lado de los victimarios, y no de las víctimas. Pregúntense si no en dónde están los valientes oficiales y uniformados rasos del Ejército y de la Policía que lo denunciaron, como el general Suárez, o el coronel Omar Rojas, coautor del que a mi juicio es por mucho el mejor libro sobre el tema (Rojas y Benavides, 2017: Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010). Este texto —cuya calidad deriva en buena medida del hecho de que parte de un sólido conocimiento operativo— muestra dos cosas cruciales. Primero, que los “falsos positivos” fueron en efecto una política oficial de gran impacto. Segundo, que dado el tipo de logística que requerían, es absolutamente inverosímil suponer que esos homicidios se realizaran en la clandestinidad, o siquiera entre un número pequeño de personas; requerían de participación considerable.

Sí. ¿Han premiado sus instituciones a esos uniformados, o han dejado que los amenacen y sometan al ostracismo? ¿Han reparado a las víctimas y sus representantes, o los han seguido estigmatizando? ¿Recuerda el lector que no fue nadie más y nadie menos que el entonces presidente Uribe quien los sometió aún a otro asesinato moral, al sugerir que de alguna manera habían merecido su destino, pues “no estarían recogiendo café”? ¿Han corrido los políticos de las coaliciones gubernamentales a proteger a las madres de Soacha, o más bien a los perpetradores? ¿Han tratado de pensar qué significa este horror para nuestro país, o han tratado de taparlo con un manto de silencio?

Si no empezamos a hablar de esto, de esta fatal alineación de fuerzas del lado de uno de los peores crímenes que se puedan concebir, las víctimas habrán sufrido aún una cuarta muerte. Con otras tantas por venir.