Los subterfugios que han llovido por parte de todos aquellos que acomodaron y protegieron al general Santoyo cuando ya estaba incurso en faltas aterradoras, son todavía más reveladores que asombrosos.
El expresidente Uribe se declaró dolido y afirmó que si hubiera sabido algo en el momento oportuno, hubiera actuado en consecuencia. Es una frase de alguien que se acostumbró a moverse en un mundo plenamente infantilizado, con conspiraciones complicadísimas, comunicaciones por telepatía y, cómo no, excusas inverosímiles. “¿Trajiste tu tarea, Alvarito?”. “No, se la entregué a mi amigo secreto y todavía no ha llegado”. “Mientes”. “Y tú, profe, pareces terrorista de las Far”. En este caso, por desgracia, las cuentas se niegan a cuadrar; y lo hacen de manera rotunda, cerrera, contundente. Santoyo fue una ficha importante del entorno de seguridad de Uribe —junto a otros buenos muchachos, como Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, y no sigo la lista porque se me va media columna—. Cuando fue promovido a general, ya tenía una inequívoca sanción disciplinaria de la Procuraduría. Y no era por haber roto la loza con la que la policía antioqueña agasajaba a sus invitados, sino por escuchas ilegales y otras acciones contra defensores de derechos humanos, muchos de los cuales a la postre fueron asesinados.
Esto era público y conocido por todo el mundo que siguiera con alguna atención los ires y venires de nuestra atormentada República. Fue un tema que repitió hasta la saciedad la oposición de aquel entonces —el Polo Democrático, el Partido Liberal y el movimiento MIRA— durante el debate en el Congreso que terminó en el ascenso de Santoyo a general. Jorge Robledo manifestó, con toda la razón, estar avergonzado por dicha promoción. Pero, pese a las advertencias, las mayorías parlamentarias y el gobierno la impusieron. Por eso, cuando el ministro de Defensa dice que “el que la hace la paga” se equivoca, o peca de abstracto. Puede que el dicho sea cierto, pero sólo si uno tiene en cuenta a otras justicias —la norteamericana, la internacional, la divina, la de la historia, qué se yo—. Pero lo que demostró el episodio Santoyo es precisamente que en Colombia las peores alianzas y los peores ataques contra la población civil están a menudo cubiertos por un halo de protección.
Lo están, entre otras cosas, por un sistema de incentivos que garantiza altos niveles de impunidad a sectores de la fuerza pública que agredan a civiles potencialmente “peligrosos”. De hecho, una de las principales actividades de Uribe consiste en este momento en promover una brutal actividad demagógica para ampliar ese margen de impunidad. El jefe actual del conservatismo, Efraín Cepeda, quien se declaró píamente aterrado por el episodio Santoyo, está en trance de promover una iniciativa en igual dirección. Y el actual gobierno ya se ha declarado amigo de ella, y la ha acompañado de vagas manifestaciones de interés en proteger a los acusados de falsos positivos (guardando total, pétreo silencio frente a esos colombianos que todavía no saben por qué diablos les asesinaron a sus hijos o sus hermanos).
El problema de los diseños institucionales es que son públicos y tozudos. Ya no vengan pues con el cuento de los casos aislados: porque es total, abrumadoramente inverosímil. Pero hay una buena noticia. Como en el caso de las dietas, hay una manera muy simple de salvar literalmente a miles de víctimas en un futuro inmediato, y de comenzar a combatir al cáncer que mina a nuestro estado: decir que no. Esa gran cantidad de soldados y policías que arriesga sus vidas en cumplimiento de su deber ha de merecer toda nuestra consideración. Se necesitan políticas para ellos. Si, en cambio, se adelantan políticas para proteger a los Santoyos y a los Muñoz Linares, éstos terminan de generales. No es difícil de entender, ¿cierto?
