La justicia colombiana, con todos sus terribles despelotes, ha comenzado a encarcelar a los “ciudadanos por encima de toda sospecha”, para usar la expresión de la maravillosa película de Elio Petri, por allá por la década de los 70.
Eso es lo que la ha vuelto insoportable. Derrapa, comete errores absurdos, ladra en el momento equivocado y con voz estridente. Eso podría divertir, y hacer parte del color local. Pero lo que realmente irrita es que encarcela. Sigue llevando tras las rejas a gentes importantes, “patriotas intachables”, para usar una de las expresiones que el expresidente Uribe se digna aplicar a algunos de sus muchachos más inquietos, cada vez que los cogen con las manos en la masa.
Si uno viera el fenómeno de lejos, tendría que calificarlo como una de las grandes esperanzas de consolidación y construcción del Estado colombiano. Pues termina siendo una refutación pública y enérgica del aforismo aquel tan interiorizado según el cual “la justicia es un perro que muerde sólo a los de ruana”. En los últimos lustros el can ha decidido diversificar los objetos de su atención. Eso significa más democracia, más Estado, más posibilidades de construcción. Menos corrupción. No nos podemos dar el lujo de prescindir de esto. Es precisamente lo que no se puede sacrificar. Los errores se deben ir corrigiendo, las muchas incongruencias limando. Pero necesitamos al perrito democrático. Sobre todo ahora, pues el hecho de que la justicia funcione ha empezado a poner al descubierto la enorme complicidad de sectores partidistas —la parapolítica—, económicos —por ejemplo, dirigentes ganaderos—, institucionales —funcionarios civiles y uniformados del Estado— y sociales, con espantosos fenómenos de criminalidad. Es que esa complicidad es la carcoma que corroe a nuestro Estado, y nos impide aspirar en serio a alguna semblanza de normalidad y paz civil. Cualquier reforma gradual pero seria tiene que partir de saber realmente qué ha pasado.
Sobre el particular, vi por televisión una declaración que me dejó estupefacto. El abogado defensor de Visbal, nuestro flamante embajador en Perú, se quejó, poniendo la expresión lacrimosa de un Gordillo, de que a su cliente lo habían tratado como a un sujeto de alta peligrosidad. ¿Cómo puede serlo un señor tan prestante? No soy fiscal, y no puedo decir nada sobre la situación jurídica de Visbal. Pero sí conozco el contenido de la acusación que cursa en su contra: complicidad con el paramilitarismo. Y si eso no configura “alta peligrosidad”, entonces no sé qué lo hará. Pero la declaración del abogado solamente revela hasta qué punto se ha naturalizado y asimilado por el sentido común de ciertos sectores la sangrienta saga paramilitar. Y también hasta qué punto los ciudadanos por encima de toda sospecha se sienten genuinamente sorprendidos: estos muchachos de excelente familia, como Jorge Noguera, antes que transgresores son gentes de bien.
El movimiento de pinzas contra el mejor aspecto de nuestro aparato de justicia —que funcione, un poco a trochas y mochas, pero de manera visible— parece estarse saliendo con la suya. Por ejemplo: la reforma a la justicia no hace nada contra el despelote. Pero pone a cubierto a ciertos sectores asociados: sectores con poder y con posibilidades de incidir en los diseños institucionales. Que esto no sea producto de un complot, sino de un cabildeo de diferentes grupos, con intereses convergentes pero enormes problemas de acción colectiva, no le quita gravedad alguna al asunto.
Pero no hay felicidad completa. Pues, mientras se busca quitarse de encima al canchoso que a todas luces enloqueció, éste sigue mordiendo a quien no debiera. Y sigue yendo gente a la cárcel, y sigue cantando. Y revela a las claras qué clase de sociedad y de prácticas nos esperan si logran por fin ponerle el bozal al perro.
