Este jueves, El Tiempo se pregunta qué tan efectiva será la oposición uribista en el Congreso. Hace quizás un mes la revista Semana hizo lo propio en un interesante artículo de fondo en el que se preguntaba por los efectos de la resurrección de la política de derecha en Colombia.
Estos y otros análisis no se preguntan por la compatibilidad del activismo de la extrema derecha colombiana con las lógicas de la democracia. La cosa se puede plantear en los siguientes términos. De manera general, abstracta, conviene que el Gobierno tenga oposición, incluso aunque ésta sea feroz e injusta. Interactuar con la oposición enseña a gobernar, obliga a afinar las políticas y produce señales públicas que permiten detener a tiempo el deterioro. Parte de la descomposición a largo plazo de nuestro sistema y personal políticos tiene que ver con la práctica de construir supermayorías en el Congreso, y comprar o dar golpes bajos a los potenciales contradictores.
Sin embargo, cuando uno desciende del mundo de las generalidades al de las realidades concretas, se encuentra con que el partido del expresidente Uribe carece de las cualidades para desarrollar una oposición democrática. Ni su ideología —recuérdense no más las palabras elogiosas y cómplices hacia el paramilitarismo de algunos de sus personeros más caracterizados— ni los incentivos bajo los que opera se lo permiten. Uno de los puntos nodales en los que confluyen ideología e incentivos es el de la impunidad. El Centro Democrático es, por partida de bautismo, el partido de la impunidad. Lo es por ideología. El discurso guerrerista y agresivo de Uribe, que estrenó en las grandes ligas durante su gobernación de Antioquia, demandaba la protección de todos los agentes del Estado de cualquier acusación, en la medida en que estuvieran involucrados, así fuera muy indirectamente, en la actividad antiinsurgente. Esto es para el caudillo un tema de principio. Como se recordará, uno de los motivos principales que lo llevó a hundir la Ley de Víctimas fue que no toleraba el reconocimiento de crímenes por parte de agentes del Estado.
Pero lo es también por incentivos. Por un complejo entramado de razones, Colombia sufrió desde hace varias décadas de niveles muy altos de corrupción y de vinculación de políticos con la criminalidad. En este contexto, el uribismo se destaca por ser la fuerza más extraordinariamente asociada al delito de todas las que han actuado en tiempos recientes. Allí donde tenemos cifras —por ejemplo, las de parlamentarios encarcelados por vínculos con el paramilitarismo— las evidencias son inequívocas. Pero además está toda la actividad pública de esta fuerza, que inevitablemente deja huellas. El uribismo intentó perpetuarse en el poder a través de toda clase de transgresiones y violencias. Y por eso su trayectoria en punto a encarcelables es espectacular. De sus aspirantes a candidato presidencial en la última competencia, dos ya han sido condenados. De sus principales fichas, varios están sub júdice. Su comisionado de Paz está prófugo. De los que garantizaron su reelección, varios se fueron a la cárcel. Y entre sus auditorios duros —un auditorio que cultiva consciente y morosamente— se cuentan los agentes del Estado que han cometido crímenes atroces.
Y por eso un aspecto central de la actividad del partido uribista es la defensa de la impunidad, en el caso de personalidades o de sectores específicos. Aquí hay una diferencia fundamental con las operaciones que se llevan a cabo durante los procesos de paz. Ellos contienen acuerdos de justicia transicional porque los tiempos que corren son excepcionales: y por tanto implican medidas de excepción para todo el mundo, por un tiempo limitado. El uribismo defiende ciertas categorías porque demanda que estén siempre, hoy y mañana, por encima de la ley. Universalismo en un caso; particularismo en el otro. Este último es incompatible con la democracia moderna.
