Y RESULTÓ QUE EL HELICÓPTERO DE la Policía sí se había accidentado.
Álvaro Uribe, que necesitaba una matazón para adelantar su política carroñera, guarda ahora silencio. No se retracta, claro está. Espera agazapado el próximo banquete de carne humana en descomposición, que es su principal alimento político. Sin escándalo y sin cadáveres, pasa hambre. Pese a que quedó claro que su brutal campaña estaba construida sobre las falsedades, insinuaciones y teorías del complot a las que nos tiene habituados, nadie le pide cuentas. Estamos en Colombia. Mientras tanto, sus pobres voceros y validos tienen que afirmar píamente que ellos no están en contra de la paz, que en realidad lo que quieren es mejorarla.
En contraste, el proceso en La Habana avanza razonablemente bien. Los ajustes que se le hicieron están funcionando. Diferentes partidos empiezan a calentar sus músculos legislativos, mirando al acuerdo ya como una realidad tangible. Las dos partes han construido un acervo de acuerdos muy importante, que aunque necesariamente incompleto, constituye un impresionante referente de política pública para el posconflicto (o como quiera llamársele, hay un debate sobre el término). Quedan puntos álgidos por resolver, pero son manejables a condición de que se parta de las razones básicas por las cuales estamos en un acuerdo de paz. Una primera constatación: las partes no deberían prometer —en esto coinciden plenamente— una paz sin impunidad. Eso suena lindo, pero es completamente inalcanzable. Después aparecen, y con razón, las cuentas de cobro. La línea base, la sociedad que tenemos ahora, está saturada de impunidad. Cojan cualquier caso aparentemente sencillo. ¿Están en la cana los antisociales que asesinaron al grafitero a plena luz del día? No. Ya llevamos cuatro años, y podrían salir de la cárcel por vencimiento de términos, al parecer porque el Consejo Superior de la Judicatura no se ha avenido a ponerle tatequieto a los acuciosos tinterillos que siguen dilatando el juicio. Esa, señores, es una de las millones de caras de la impunidad realmente existente en este momento. ¿Quieren que hablemos de lo que pasó con Justicia y Paz? No, no quiero deprimir a nadie. El país carece de las capacidades estatales para transformar esa situación de un día para otro (e incluso en presencia de altas capacidades eso probablemente no sea posible). Esta clase de asuntos se evalúan relacionando objetivos específicos y verosímiles con recursos sociales y estatales y opciones reales, no a partir de frases bonitas. Afortunadamente, el país tiene aquí amplio margen de maniobra: los únicos que se le podrían atravesar a la paz que se acuerde serían los propios colombianos.
Este es un punto delicado. Nos encontramos en un momento de transición, y si el Gobierno no entiende esto estamos abocados a que suceda lo que pasó a principios de año: una gran estrellada. La situación es la siguiente. Parte del escepticismo de la población frente a las Farc y frente al éxito del proceso podría haber sido conveniente para el Gobierno en medio de una ardua negociación. Se partía del hecho de que las Farc eran un interlocutor muy complicado, y había grandes incertidumbres acerca de las probabilidades de poder cerrar el proceso. Era necesario presionarlas. Sin embargo, si en algún momento se convoca, hay que ganar la maldita consulta. Lo contrario sería un desastre. Es necesario por tanto preparar los ajustes respectivos.
Termino con una observación necesaria. Las Farc no pueden dejar de responder a la pregunta que se les ha hecho desde diversos lugares de la opinión: ¿quién asesinó a Genaro García? No con la retórica autovictimizante de rigor, sino con una declaración clara y sencilla: estamos involucrados o no. La paz en serio tiene que partir del respeto por la vida de todos los liderazgos sociales y políticos en las regiones.
