Paz positiva

 

Sin embargo, hay una observación que sí vale la pena hacer, no relativa a la sustancia de las conversaciones sino al clima político que las rodea. Al proceso lo han querido hostilizar con la idea de que, dado que se cometen x o y hechos de violencia, entonces es imposible moralmente continuar con las conversaciones. Esto es saboteo puro y duro, pero también alzheimer estratégico: todas nuestras negociaciones, incluidas aquellas que han culminado con relativo éxito, han estado puntuadas por sobresaltos. La peor de todas ellas fue la que adelantó el caudillo de la oposición de derecha con los paramilitares. Mientras estos negociaban con el gobierno cometieron decenas de masacres, asesinaron con entusiasmo, se robaron miles de hectáreas, hicieron trampas sin reato, y se mataron entre sí con descuidada alegría. Cometieron una parte muy sustancial de estos desafueros y vejámenes apoyados en personal político del propio gobierno. El caso de Benito Osorio, ganadero al servicio de los paramilitares puesto por Uribe como gobernador de Córdoba, es emblemático pero no excepcional. No hay comparación alguna entre la disminución clara y distinta de los niveles de enfrentamiento que se observan ahora, y el alto grado de desenfreno y complicidad que permitió, a veces toleró y aupó, Uribe.

 

Sin embargo, ni los medios ni muchos comentaristas se dan por enterados del contraste. Parte del problema es que, una vez más, en su discurso para nuestra opinión los partidarios de la paz se han dejado arrinconar en una posición puramente defensiva. Se han dedicado a contarle a la opinión lo que no van a hacer. Pero han fallado al explicar cuál es el potencial enorme de los acuerdos; la paz positiva sólo aparece ocasionalmente en su narrativa. Aparecen como tratando de justificar y ocultar algo inconfesable. Y entonces les revientan el alma.

 

Vale la pena hacer entonces un recordatorio con los hechos simples y brutales. Lo que está haciendo el proceso no es garantizar impunidad de crímenes que de otra manera se castigarían de manera indefectible. En guerra, nuestro Estado no tiene la menor posibilidad de procesar un porcentaje tolerablemente alto de lo que pasó, no digamos ya de impartir justicia (vean qué suerte ha corrido Justicia y Paz). Ni está cayendo por debajo de estándares internacionales clamorosos. Aquellos estándares simplemente no existen; lo que hay es un terreno duro de contestación internacional acerca de distintas rutas de llegar a una paz constructiva. Una vez más: si nuestro Estado reclama para sí el derecho de desmembrar o torturar, la comunidad internacional pondrá el grito en el cielo. Si demanda márgenes de maniobra para hacer la paz, no habrá quien pueda atravesársele.

 

Eso no quiere decir que TENEMOS que ignorar lo que pasó, o que haya que montarse al carro de un crudo rechazo al estado de derecho. Los actores del conflicto han cometido crímenes atroces. Este es un país de desarrollo medio con millones de víctimas, la mayoría de las cuales están con la paz, con grandes ciudades, opinión pública y vida asociativa. Son las demandas de esa Colombia múltiple, y los objetivos de una paz constructiva, los que tienen que guiar no sólo la búsqueda de los acuerdos sino también la comunicación con la sociedad. No basta con el discurso puramente defensivo, e intrínsecamente sospechoso, de que no se está haciendo nada malo.

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