Inevitable referirse a la “persecución política” que sufren los uribistas, según denuncian los presuntos afectados.
Zuluaga metió a Dios al baile, algo que ya incluso el papa Francisco piensa dos veces antes de hacer: “Pido a Dios que Colombia no caiga en la criminalización de la oposición”.
Se podría responder que aquí hace gala de la memoria de un perfecto sinvergüenza: nadie como el gobierno de Uribe para criminalizar a los opositores. Si alguien me lo pide, puedo documentar esto en detalle; las víctimas del uribismo, que son muchas, también podrían hacerlo. Por supuesto, el que los opositores pudieran ser estigmatizados, o simplemente asesinados y lanzados a un río, comenzó mucho antes de 2002: no se trata de un invento de Uribe. Lo que este sí creó fue un lenguaje público de particular agresividad y violencia contra cualquier crítico suyo. ¿En qué país ha vivido Zuluaga todos estos años?
Pero esa reacción sería parcial y problemática. Pues si a los uribistas en realidad los estuvieran persiguiendo, estaríamos frente a un problema serio: el principal partido de oposición estaría bajo la mira, y eso constituiría una fractura real de la institucionalidad. Desafortunadamente, los uribistas no han presentado una sola evidencia creíble —al menos para quien no comparta su fe— sobre los dos puntos críticos: que no haya existido el hecho que se imputa a su cúpula, y que todo sea un montaje.
Lo que conoce la opinión apunta exactamente en la dirección contraria. Sabemos que el hacker sí actuó en la campaña; que se reunió con los Zuluaga y con el flamante asesor espiritual; que cometió delitos. Nadie discute estos hechos. Ni siquiera el estridente abogado de Zuluaga. Ahora nos enteramos con sorpresa de que la campaña le transfirió al hacker una suma estrafalaria —por encima de los $200 millones—, y que éste argumenta que era la plata para pagar a los abogados. Como en una películas siciliana. La cúpula del uribismo parece convencida de que está por debajo de su dignidad ofrecer alguna clase de explicación sobre esas fruslerías. Lo cual ciertamente también corresponde a un libreto de mala película siciliana.
Es que su estilo de argumentación pública está basado sobre un conjunto pequeño pero muy consistente de premisas, entre las cuales se destaca la de que la mejor defensa es el ataque. Por eso responde sistemáticamente a la imputación y condena de la ya larguísima fila de gentes inobservantes de la ley que hacen parte de sus cuadros directivos, denunciando las persecuciones en su contra. Como sucede con muchas teorías del complot —nombre el lector sus favoritas: de los OVNI para abajo— “todo cuadra”. Y entre más porquerías salen de la sentina, más vejados se declaran sus administradores.
Lo cual sería incluso divertido si no fuera porque el uribismo constituye una gran corriente de opinión, con gente valiosa, y cuya importancia va más allá de su pura fuerza electoral, por cuanto tiene toda una red de relaciones especiales con poderes fácticos que juegan un papel central en el momento que está atravesando el país. Necesitamos poder construir un sistema político vivible, en el que puedan interactuar, y alternar, distintas fuerzas, desde la izquierda hasta la derecha. Este es un reto histórico que estamos lejos de haber resuelto. El uribismo tiene que demostrar que acepta la alternación en el poder, y unas reglas mínimas de juego limpio. Hasta el momento, pierde las dos pruebas claves para poder verlo como una oposición leal y democrática. Por otra parte, parecería necesario calmar algunas de sus fuentes de paranoia. La Fiscalía ha hecho en este como en otros casos un trabajo muy valioso, y puede aquí limitar al máximo su interacción con los medios. Lo importante es que la justicia siga su curso.
