Los gravísimos hechos de brutalidad policial de días recientes en Bogotá pueden resumirse en la siguiente secuencia. Primero, unos uniformados asesinaron a sangre fría a un ciudadano (Javier Ordóñez). Segundo, hubo un estallido social a raíz de tal hecho. Tercero, la respuesta de la Policía fue brutal y descontrolada, incluyendo palizas, torturas, disparos contra los civiles y probablemente asesinatos de colombianos. Podrían ser más de una decena las bajas de la violencia oficial.
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Hay un cuarto factor importantísimo en la ecuación: todos los que quisimos nos pudimos dar cuenta de lo que estaba pasando. Ese es el detallito (relativamente) nuevo, que lo cambia todo. Se llama teléfono portable con cámara. Se llama —mirando un poco más allá— cambio tecnológico. El celular más el Twitter son una combinación devastadora para todos los abusones. Hace rato se dieron cuenta de ello decenas de miles de líderes sociales y de víctimas en todo el mundo. También los victimarios más vivos. Igualmente, numerosos teóricos militares gringos, algunos de los cuales van tan lejos como para decir que es ese combo el que ganará o perderá las guerras del presente y del futuro inmediato.
Aquí las autoridades ni se han mosqueado. Podría ser por el hecho de tener Colombia una larga y luctuosa tradición de violencia por parte de uniformados contra la población: contra los que estorban o contra los que son demasiado vulnerables para responder. Esa tradición precede con mucho, a propósito, a la “doctrina de la seguridad nacional”. Está apoyada en lógicas, diseños institucionales y discursos que favorecen descaradamente la impunidad. ¿No se acuerdan del caso de Dilan? ¿No se acuerdan de la fórmula de los “confusos hechos”? ¿No se acuerdan de la cantidad de muchachos que han ejecutado a mansalva en tales “confusos hechos”?
Sólo que esta práctica —heredada, sí, pero reforzada de manera radical por una fuerza política que parece creer que los uniformados deben de estar por encima de la ley— ahora está quedando expuesta en toda su fea, atrabiliaria y malsana crudeza. Y las consecuencias de ello son devastadoras. Pues —contra las versiones edulcoradas de rigor— la legitimidad y la confianza en la Policía no han dejado de encogerse en los últimos años. En todo el país y sobre todo en Bogotá. A propósito, el Ejército sufre un fenómeno análogo, aunque no tan pronunciado. Me di cuenta de todo esto investigando otro tema, pero ahora he encontrado múltiples evidencias en encuestas y en otras fuentes. De hecho, la caída en la aceptación de la Policía es bastante impresionante. Si, como dice el general Jorge Luis Vargas, lo que hay entre la comunidad y el cuerpo policial es un matrimonio, lo que estamos observando es su proceso de disolución ante los efectos del abuso continuo.
Dada la base tecnológica que tenemos hoy, la imagen de la Policía es como una piel de zapa, que se encoge cada vez que se usa para maltratar, golpear, extorsionar y asesinar. Esas prácticas ya no se pueden esconder. ¿Y en qué ha consistido la respuesta oficial ante los hechos? El cuento patético de que ya tenían preparada una reforma. El cuento fantasioso de que se trataba de manzanas podridas (la primera reacción de Duque fue decir que sólo dos policías estaban involucrados). Claro que hay cientos de policías excelentes: miles. Decenas de miles. Pero los ataques contra civiles NO son casos aislados. Estamos hablando de formas de proceder apoyadas en orientaciones, instituciones y retóricas que nos empujan continuamente a los infiernos.
Una de ellas es el tercer cuento, este siniestro: todo fue un complot subversivo. Pero, si esto es cierto, ¿quién dio los motivos e inició los eventos? ¿Y no dizque a la subversión sólo le interesa el narco? Pero, si está haciendo política, ¿no será que le están abriendo las puertas de par en par a punta de bala? Estas cosas son muy simples; hasta Ceballos las debería entender.
