Lo confieso: yo también quiero que el Gobierno y el comité del paro lleguen a alguna clase de acuerdo. Lo quiero, pero no lo veo probable. Se necesitaría un cambio en el formato mental, en el discurso y en el estilo con los cuales el Gobierno Nacional y el uribismo afrontan los conflictos sociales.
Hasta ahora la respuesta del Gobierno y su partido a la movilización ciudadana se ha expresado a través de las siguientes cinco operaciones. Primero, argumentar que la tal movilización corresponde a una intentona golpista de malos perdedores, muy minoritarios en relación con el apoyo abrumador que tiene Duque (con los 10 millones y pico de votos con los que fue ungido). Este argumento parece, y es, medio loco, pero constituye la pepa del discurso uribista; el tristemente célebre hashtag de la ministra del Interior (#NoPudieron) no hizo sino reproducirlo. Y, para ser justos con Nancy Patricia, otros líderes del uribismo actual (Andrés Pastrana) fueron mucho más allá en sus conjeturas, a la vez livianas y grotescas, acerca de la conspiración contra Duque. Segundo, anunciar públicamente que no cederán nada. “No estamos negociando al Estado”, explica Molano. Está bien. Pero, entonces, ¿qué están dispuestos a negociar? Sobre el particular no hay respuesta alguna. Hasta el más mínimo detalle parece ser una “línea roja”. Y esto me lleva a la tercera operación, inevitable en tratándose del uribismo: la legitimación abierta del homicidio. Ya habrá observado el lector hasta la náusea a los grandes defensores de los menores de edad refocilándose en la victimización del menor al que mataron, celebrando que “dieron de baja” al “vándalo”, y de paso transmitiendo un mensaje brutal e insolente al país: lo mismo le puede pasar a cualquiera que no pertenezca a nuestro círculo. Es “nuestro” gobierno, no el de “ustedes”. Con ese talante, ni siquiera elementales adelantos en términos de defensa de la vida pueden ser tomados como puntos focales para acuerdos que permitan ir desinflando las tensiones.
Las otras dos operaciones no son retóricas sino prácticas. Por un lado, siguen impulsando sin cesar su agenda, que va desde la reforma tributaria —¿el “Sisbén para los ricos” por el que suspiraba desde su llegada minhacienda?— hasta la “ley Andrés Felipe”, para garantizarse impunidad (“entre nosotros: porque esto nos pertenece”). Y, por el otro, avanzan en un programa de alineamiento y colonización de importantes medios para retomar el control sobre la narrativa de lo que está ocurriendo en el país. La que quieren imponer expresa —y, siendo una profecía autocumplida, genera— una mentalidad estrictamente dualista: “ellos” contra “nosotros”.
Todo esto explica el tratamiento errático, y peligroso, que el Gobierno está dando a esta oleada de movilización: la más grande, tengo que recordarlo, que este país haya experimentado en décadas. La “conversación nacional” resultó no ser más que una triste cortina de humo. La apresurada traída del exvicepresidente Garzón —instrumental y taimadamente clasista— no ha tenido hasta ahora ningún efecto. Y, de nuevo para ser justos, difícilmente podría tenerlo, en la medida en que los representantes del Gobierno no tienen nada que ofrecer.
Lo que este tiene que entender, y lo que tendrían que tener claro quienes son escuchados por él, es que no estamos frente a un problema que se solucione con una suerte de terapia, sino con una negociación. Una negociación con un sector muy importante de la ciudadanía: creo que fue Lemoine quien encontró que cerca del 60% de sus encuestados apoyaban el paro, algo inédito en nuestro contexto. Duque también es presidente de estos colombianos —y sí, tanto las elecciones regionales que recién pasaron como las encuestas muestran que está en minoría no sólo en la calle. ¿No será el momento de cambiar el formato mental y tratar de escuchar en serio?
Entre más masiva, pacífica y entusiasta haya sido la marcha del miércoles, más positiva será su incidencia sobre este clima enrarecido.
Lo confieso: yo también quiero que el Gobierno y el comité del paro lleguen a alguna clase de acuerdo. Lo quiero, pero no lo veo probable. Se necesitaría un cambio en el formato mental, en el discurso y en el estilo con los cuales el Gobierno Nacional y el uribismo afrontan los conflictos sociales.
Hasta ahora la respuesta del Gobierno y su partido a la movilización ciudadana se ha expresado a través de las siguientes cinco operaciones. Primero, argumentar que la tal movilización corresponde a una intentona golpista de malos perdedores, muy minoritarios en relación con el apoyo abrumador que tiene Duque (con los 10 millones y pico de votos con los que fue ungido). Este argumento parece, y es, medio loco, pero constituye la pepa del discurso uribista; el tristemente célebre hashtag de la ministra del Interior (#NoPudieron) no hizo sino reproducirlo. Y, para ser justos con Nancy Patricia, otros líderes del uribismo actual (Andrés Pastrana) fueron mucho más allá en sus conjeturas, a la vez livianas y grotescas, acerca de la conspiración contra Duque. Segundo, anunciar públicamente que no cederán nada. “No estamos negociando al Estado”, explica Molano. Está bien. Pero, entonces, ¿qué están dispuestos a negociar? Sobre el particular no hay respuesta alguna. Hasta el más mínimo detalle parece ser una “línea roja”. Y esto me lleva a la tercera operación, inevitable en tratándose del uribismo: la legitimación abierta del homicidio. Ya habrá observado el lector hasta la náusea a los grandes defensores de los menores de edad refocilándose en la victimización del menor al que mataron, celebrando que “dieron de baja” al “vándalo”, y de paso transmitiendo un mensaje brutal e insolente al país: lo mismo le puede pasar a cualquiera que no pertenezca a nuestro círculo. Es “nuestro” gobierno, no el de “ustedes”. Con ese talante, ni siquiera elementales adelantos en términos de defensa de la vida pueden ser tomados como puntos focales para acuerdos que permitan ir desinflando las tensiones.
Las otras dos operaciones no son retóricas sino prácticas. Por un lado, siguen impulsando sin cesar su agenda, que va desde la reforma tributaria —¿el “Sisbén para los ricos” por el que suspiraba desde su llegada minhacienda?— hasta la “ley Andrés Felipe”, para garantizarse impunidad (“entre nosotros: porque esto nos pertenece”). Y, por el otro, avanzan en un programa de alineamiento y colonización de importantes medios para retomar el control sobre la narrativa de lo que está ocurriendo en el país. La que quieren imponer expresa —y, siendo una profecía autocumplida, genera— una mentalidad estrictamente dualista: “ellos” contra “nosotros”.
Todo esto explica el tratamiento errático, y peligroso, que el Gobierno está dando a esta oleada de movilización: la más grande, tengo que recordarlo, que este país haya experimentado en décadas. La “conversación nacional” resultó no ser más que una triste cortina de humo. La apresurada traída del exvicepresidente Garzón —instrumental y taimadamente clasista— no ha tenido hasta ahora ningún efecto. Y, de nuevo para ser justos, difícilmente podría tenerlo, en la medida en que los representantes del Gobierno no tienen nada que ofrecer.
Lo que este tiene que entender, y lo que tendrían que tener claro quienes son escuchados por él, es que no estamos frente a un problema que se solucione con una suerte de terapia, sino con una negociación. Una negociación con un sector muy importante de la ciudadanía: creo que fue Lemoine quien encontró que cerca del 60% de sus encuestados apoyaban el paro, algo inédito en nuestro contexto. Duque también es presidente de estos colombianos —y sí, tanto las elecciones regionales que recién pasaron como las encuestas muestran que está en minoría no sólo en la calle. ¿No será el momento de cambiar el formato mental y tratar de escuchar en serio?
Entre más masiva, pacífica y entusiasta haya sido la marcha del miércoles, más positiva será su incidencia sobre este clima enrarecido.