Política y criminalidad (2)

Qué bien que los protagonistas de las conversaciones de La Habana se dirijan a un desescalamiento consensuado y gradual del conflicto. No podemos llegar a la paz en medio de un clima saturado de sangre (tanto por la que se derrama como por la que se pide derramar). Y qué bien que Gina se haya decidido a llamar al pan pan y al vino vino.

De manera diciente, el liderazgo del Centro Democrático trató de hacerle un matoneo mediático —que quedó trunco por la grotesca torpeza de sus protagonistas— pero no contestó una sola de las acusaciones de la ministra. ¿Entró o no Job a Palacio por la puerta de atrás? ¿Estuvieron o no los paracos generosamente representados en la coalición gubernamental de los dos gobiernos de Uribe? Y así sucesivamente. Era tan sencillo decir sí. O no. O tal vez (como en el caso de Óscar Iván Zuluaga con el video del hácker: “tal vez soy yo...”).

Mientras tanto, sin embargo, el sistema político colombiano hace agua. La semana anterior dediqué mi columna a la relación entre política y criminalidad, y en los días subsiguientes saltaron escándalos por todas partes, que muestran lo serio que es el problema (y lo poco que depende del comportamiento de uno u otro individuo, aunque por supuesto cada quien es política, moral y judicialmente responsable por lo que hace). Nos dice El Tiempo que el Partido Conservador está apoyando a unos parapolíticos que tienen plata para las elecciones, pero no para pagar sus grandes deudas con el Fondo de Víctimas. Y en Caquetá al parecer cabildeaba para poner en el Incoder a una ficha suya involucrada de mil maneras con agentes ilegales y acumuladores. Y avala aun a otro que se grabó zangoloteándose con un grupo de indeseables armados. No se asombren ante el silencio sepulcral que guarda la camada de líderes azules que aspiran a conquistar el voto de opinión con invocaciones a la modernidad y la decencia, pero que toleran o apoyan estas miserias sin inmutarse.

A su puesto directivo en el Partido Liberal renunció Viviane Morales, refiriéndose explícitamente al tema de los avales concedidos a gente impresentable. El caso más sonado es el de Medellín. Pero ayer no más salían a relucir otros. Claro, el partido rojo tiene una larga tradición en estas lides, como lo ilustra bien el ejemplo del fugitivo Ferney Tapasco. Mucho más joven, Cambio Radical ha hecho méritos para competir como el avalador con menos escrúpulos en el barrio. La lista de delincuentes que ha apoyado en las regiones es larga. Esta práctica cobró la cabeza de un delfín, reemplazado por otro, ambos hijos de líderes brillantes y transformadores llevados al calvario por gentes similares en varios sentidos a los que su agrupación ha apoyado de manera tan inconsciente y brutal.

Esto pone de presente los trágicos dilemas que enfrenta la política colombiana (a propósito: no me refiero a otros partidos por pura falta de espacio). ¿Cómo enfrentar este vínculo denso entre política y criminalidad? Es un problema que no se acaba por decreto (“a partir de hoy prohíbese la corrupción...”). Pero sí amerita un análisis detallado. Ante la magnitud del desafío, se necesita una combinación de diseños institucionales con los incentivos adecuados, acuerdos de largo aliento entre los principales actores del sistema, y campañas pedagógicas bien diseñadas. Hay unos principios básicos a partir de los cuales se puede construir, verbigracia: castigar severamente a los partidos que lleven a hampones a los cargos de elección popular, o bloquear a políticos incursos en delitos que no hayan pagado plenamente sus deudas, incluidas las financieras, con la sociedad y los grupos más vulnerables. Todas estas ideas se han ventilado en diversas iniciativas, varias de ellas parlamentarias, lo que sugiere que no sería imposible materializarlas.