El excelente senador John Sudarsky convocó la semana pasada a un evento para discutir su propuesta de reforma del sistema electoral colombiano.
El documento a través del cual Sudarsky sustenta los nuevos diseños que propone está lleno de atisbos interesantísimos. Uno de los más importantes es que en nuestro país los pobres no votan, un hecho que ilustra con datos simples y bastante contundentes. En alguna parte planteé algo que podría verse como el correlato cualitativo de los hallazgos numéricos de Sudarsky: incluso dentro de sectores tradicionales muy clientelistas, hay evidencias que sugieren que la presencia de sectores populares electoralmente activos y organizados produce un mundo de diferencia, más o menos la diferencia que hay entre Soacha (que sigue siendo un chiquero) y el barrio Cuba en Pereira (que es un referente en la vida pública de esa ciudad, lo que le ha permitido, pese a todos los problemas y peajes de intermediarios, tener una infraestructura digna, etc.). La abstención, que a muchos podrá parecer contestataria o al menos una expresión interesante del color local, castiga duramente a los pobres. Estos, aunque en la vida cotidiana son la mayoría, no lo son en la política.
Ahora, cuando nuestro debate periodístico se ha dejado dominar por un sesgo extravagante —cualquier cosa que medio huela a política social es tachada de populismo—, vale la pena parafrasear a Darío Echandía: ¿el populismo para qué? ¿Pues cuál es el sentido de halagar a una población que no acude a las urnas, o que lo hace sólo marginalmente, y expresando preferencias ajenas, debido a la coerción, el engaño o la necesidad? Por supuesto, mucha de la histeria anti-populista simplemente se debe a que en este, uno de los países más aterradoramente desiguales del mundo, no estamos acostumbrados a oír hablar de equidad, de impuestos o de redistribución. Pero aún así queda la pregunta abierta: ¿si un político práctico quiere apostar por las reformas sociales, sobre cuál base electoral se apoyará?
Una solución, que se propuso mucho en la década de 1990, y que funciona en varios países andinos, es el voto obligatorio. Sus partidarios alegaban que tal diseño disminuiría el valor de cada voto, desinflando los incentivos que tienen los electores para venderle el sufragio a los políticos clientelistas. La otra cara de la moneda es que se trata de un diseño punitivo, de difícil implementación, que podría rápidamente convertirse en otra ley de esas que nunca se cumplen. Y de hecho, poner una penalidad sobre la abstención significaría castigar a los más pobres, algunos de los cuales están en una situación tan precaria que un pequeño empujón los puede lanzar al abismo. Otra clase de oposición al voto obligatorio proviene de la defensa del derecho básico de decir no: la abstención aparece aquí como una suerte de objeción de conciencia. A riesgo de parecer mecánico, creería que este tipo de posición cubre más que todo a abstencionistas de clase media con altos niveles educativos.
La solución más sencilla sería que las fuerzas y los partidos interesados en hacerse a un apoyo real sobre la base de la promoción de políticas sociales redistributivas lanzaran grandes campañas contra la abstención en los estratos uno y dos. Que invirtieran esfuerzos, tiempo y apuestas de largo plazo en esta actividad estratégica. Que nada de esto se haya producido, ni siquiera intentado, constituye una caracterización tan buena como cualquier otra de nuestro sistema político. Nadie está jugando al populismo. Al menos, no en serio.
