La estrepitosa caída de Gustavo Moreno, por corrupción flagrante, ha llamado la atención de todo el país. Que el flamante fiscal anticorrupción esté involucrado en actos sobre los cuales pontificaba a lo largo y ancho del país, entusiasmando a auditorios y padrinos, es en efecto una dolorosa ironía que no podría, y no debería, pasar desapercibida.
Hay, empero, un par de aspectos de política pública que vale la pena resaltar más allá de lo llamativo del episodio. El país debería tratar de aprender de sus escándalos; de lo contrario nos quedamos con lo que más brilla y nos terminan conquistando, como siempre, con espejitos y cristales de colores (espero con verdadera ansiedad que algún lector políticamente correcto me regañe en Twitter por reproducir esta nefasta leyenda colonial).
Lo primero que hay que preguntarse es dónde se originó el enredo. La respuesta: en el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología de Córdoba, que el entonces gobernador Lyons utilizó como instrumento para malversar las regalías que le tocaron a su departamento. ¿Les apuesto a que los indicadores colombianos de CyT incluyen esos dineros como inversión para la investigación? No, no quiero atracarlos. Es que el diseño institucional adoptado para la distribución de regalías nos dejó en el peor de los mundos, dándoles a los mandatarios regionales unos recursos gigantescos para supuestamente gastar en investigación. Como lo demuestra el ejemplo de Lyons, parte significativa de ese dinero se va en corrupción. Otro tanto en ineficiencia. ¿Cuánta generará resultados de verdad? ¿Por ejemplo, produciendo artículos en buenas revistas, libros serios, patentes, innovaciones, formación avanzada de la gente en las regiones? ¿Solucionando problemas reales? Muy poco, creo. Todo el mundo sabía desde el principio que el resultado sería precisamente ese. Igual, lo mínimo que debería hacer el Estado después del episodio Lyons-Moreno es encargar a su entidad nacional de ciencia y tecnología, Colciencias, una evaluación de qué ha pasado con esas cifras fabulosas, y qué impacto han tenido en el avance científico y tecnológico del país.
Mi intuición: el grueso se ha ido en corrupción, ineficiencia rampante (comenzando por la potísima razón de que la toma de decisiones llega a manos de funcionarios que no saben de fomento y evaluación científicos y tecnológicos)... y en redes de amiguitos. No necesariamente malintencionadas, pero orientadas no a innovar o a crear, sino a prosperar en este mundo por medio del intercambio de favores.
Lo que me lleva a Moreno mismo. Pues Moreno llega a su cargo sobre los hombros de esas redes. Las razones que se han dado en contrario constituyen quizá la más descabellada y amarga de esta sarta de burlas al sentido común y la ciudadanía que es todo el episodio. Que pasó el examen de polígrafo, se dice, como si el aparato pudiera dirimir de manera infalible quién dice la verdad y quién miente (en realidad diferencia entre los que tienen mucho y poco aplomo). Que adultos que uno supone serios e informados saquen a relucir esta conseja no deja de producir pasmo. Que era un gran experto. Pues no. Era un tipo ambicioso, entrador y astuto —precisamente la clase de persona que puede pasar de sobra la prueba del polígrafo—, y que por serlo se convirtió en un intermediario de primera. Intermediario entre varias estructuras de poder. Entre Bogotá y las regiones. Entre diferentes regiones. Esto le valió magníficos padrinos y valedores. Y miren cuánto logró escalar.
Esta, pues, es una historia de inmoralidad, pero también —y mucho más— un spaghetti western, al estilo de “Por un puñado de dólares”. En donde diferentes facciones y grupos familiares y regionales pelean por el poder, al lado de y por encima de las instituciones. ¿No valdrá la pena usar el episodio para comenzar un debate público sobre cómo se hacen los nombramientos en nuestro Estado?
