El Gobierno no ceja en su absurda política de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Denuncia la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca que entre el 11 y el 13 de abril se llevaron a cabo varias jornadas de este tipo en los municipios de Ituango y Valdivia. La Coccam —Coordinadora de Cultivadores de Coca y Marihuana, producto del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc—, por su parte, informa que en el proceso de preparación de una erradicación el ejército detuvo a dos campesinos en Ancuyá (Nariño).
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Estos sólo son un par de ejemplos de muchos posibles. Todos ellos plantean preguntas incómodas. La primera es simplemente qué sentido tiene quitarles a la brava los medios de subsistencia a unos campesinos en medio de un evento que tiene a medio país aguantando hambre. Al contraargumento de que aun con la pandemia hay que seguir combatiendo el delito se le puede contestar de dos maneras. Por un lado, y por desgracia, lo que hemos visto es que el coronavirus le está sirviendo de tapadera a decenas de poderosos para ponerse a cubierto (algo a lo que he de volver pronto). Pero, por otro, y aun aceptando el principio teórico, estos blancos de la erradicación forzada ya han aceptado la sustitución voluntaria y buena parte de ellos están inscritos, o pertenecen ya, al PNIS, el programa de sustitución de cultivos que había comenzado con buenos auspicios.
El problema real es que el Gobierno colombiano, en parte siguiendo sus instintos y en parte buscando satisfacer al señor Trump, abriga el propósito de reemplazar el PNIS por la erradicación forzada y las fumigaciones. Ya lo ha dicho públicamente en varias ocasiones. Y quiere mantener ese rumbo incluso en medio de las actuales circunstancias excepcionales. No es, por tanto, una cuestión de mantener la lucha contra la criminalidad: es una cuestión de decidir cuál política es mejor y cuáles son las prioridades adecuadas en este momento y para este país.
Una vez se entiende que estamos hablando de escogencia entre dos cursos de política, entonces surge otro montón de preguntas adicionales. Por ejemplo: ¿no habría una manera mejor de gastarse la plata que quitándole el pan de la boca a un grupo social bastante grande? Y también: ¿no habría mejor forma de emplear el tiempo y las capacidades de los funcionarios? Piensen en la Fuerza Pública. ¿No tendría otras tareas más importantes que ir a arrancar unas matas? Por ejemplo, podría comenzar a pararle bolas en serio al asesinato de líderes sociales, que se ha salido completamente de madre. En condiciones de cuarentena, ellos se han convertido en un blanco fijo mientras que los grupos armados ilegales han mantenido su movilidad. ¿No sería sensato comenzar a cumplir seriamente con el PNIS —en efecto, los incumplimientos reiterados son una brutal fuente de riesgo a la que rara vez o nunca se refieren los medios— y concentrarse en medidas de protección?
En el párrafo anterior me referí a la tarea de arrancar matas. Ahora póngase un par de segundos el lector en los zapatos de las personas que ven cómo les destruyen sus medios de subsistencia (sin ninguna posibilidad de reemplazarlos). Piense en la rabia y en la desesperación que genera un evento de estos. ¿No será que seguir haciendo eso es tentar la suerte y propiciar eventos luctuosos? “Eventos luctuosos” quiere decir aquí en esencia poner en peligro la vida de campesinos exasperados, muchos de los cuales entraron a esa clase de cultivo porque estaban huyendo de otras violencias. ¿Se pueden imaginar la rabia y el miedo al estado que eso crea?
Si las prioridades son proteger la vida de los colombianos en estos momentos excepcionales, el Gobierno podría suspender las ansias de hacer trizas el Acuerdos de Paz y por una vez concentrarse en cumplirlo con un mínimo de lealtad.
