Problemas y soluciones

Al comentar la destitución de Petro por parte de Ordóñez, varios analistas enfatizaron en que el primero no ha sido un gran alcalde. Cierto. Yo le pondría entre 2 y 2,5 sobre 5. Pero ese no es el punto.

El problema de fondo es la criminalización de la función de gobierno por parte de Ordóñez, pues lo que está fuera de toda duda es que Petro ni es corrupto ni es ladrón. No se puede castigar administrativa o jurídicamente a alguien por gobernar como no le gusta a uno. Por ejemplo, aunque Miguel Gómez no es santo de mi devoción, tiene todo el derecho de promover la revocatoria de Petro, y de tratar de sacarlo así. Como lo hizo Ordóñez, no.

Esta clase de procedimiento ya ha tenido consecuencias nefastas en el pasado, y las seguirá teniendo en el futuro. Perspectivas hacia el futuro: Castigar a un alcalde por generar externalidades negativas es poner sub judice a la función del gobierno, y por consiguiente poner la espada de Damocles —o mejor, el tizón inquisidor— sobre el cuello de todo funcionario elegido. Mockus y Peñalosa, dos alcaldes que lograron transformar profundamente a esta ciudad, cada uno a su manera, tuvieron un cierto margen de improvisación y de ajuste de sus políticas; de lo contrario, no hubieran podido hacer nada. Nunca hubiéramos accedido a tales cambios bajo el sistema de incentivos promovido actualmente por la Procuraduría. Ambos, pese a su lejanía con respecto de Petro, criticaron correctamente la decisión de Ordóñez. Ejemplos desde el pasado: el procurador inhabilitó a Alonso Salazar, quien fue un buen burgomaestre de Medellín. ¿Acaso le cogió ojeriza por haber promovido una clínica de la mujer, que iba en contravía de su agenda fundamentalista? Como fuere, cuando Salazar —como era su derecho, y en realidad su obligación— alertó que un candidato a sucederlo podría tener tratos con agentes turbios, lo sacó del juego por participación en política. Esta lógica miserable logró imponerse, y hasta donde sé Salazar sigue sancionado. La racionalidad subyacente es más bien obvia. Claro que Ordóñez no ataca sólo a la izquierda; es mucho más rentable tener a todo el sistema político y al aparato de gobierno en vilo. Por eso, la defensa de la Procuraduría, según la cual su jefe ha golpeado literalmente a diestra y siniestra, no sólo es controvertible, sino que además tiene una lectura más bien oscura. ¿Será que también la tienen presente quienes la pergeñaron? Es la siguiente: Ordóñez está amasando un poder de amenaza y de chantaje de gran magnitud, y nadie, independientemente de su posición en el espectro político, está a cubierto. No es claro de hecho si se trata de una defensa o de una amenaza.

Es que el listado de personajes de “derecha” que han caído bajo la guadaña vengadora no ofrece ninguna evidencia de imparcialidad. El hecho mondo y lirondo es que Ordóñez no es capaz de mostrar el menor equilibrio frente a los temas centrales para su agenda: aborto, derechos de las minorías sexuales, derechos de las mujeres, proceso de paz. Ha usado el enorme poder de la Procuraduría contra este último, gastándose un viaje a La Haya para, en “nombre de la sociedad”, tratar de desestabilizarlo (un objetivo que también obtiene con lo de Petro). Claro que esto tiene una solución sencilla: que muchos ciudadanos escribamos correos a la Corte Penal Internacional contando tranquilamente que este tipo no habla en nuestro nombre. ¿Será que alguien organiza tal campaña? Pero aún queda el asunto Ordóñez. El sistema político está frente a la disyuntiva de ceder a su chantaje irresponsable o solucionar políticamente un problema que fue creado por vía política.