Desde que tengo uso de razón uno de los temas más recurrentes en las conversaciones sobre nuestra vida pública ha sido el incumplimiento de las promesas por parte de los políticos.
Al hacer el balance del primer año de gobierno de Juan Manuel Santos, caigo en la cuenta de que casi todo lo que se le puede aplaudir se relaciona con promesas incumplidas. Así que el tópico persiste, sólo que patas arriba.
En realidad, hemos contemplado ya realizaciones importantes. Sintomáticamente, no caben en una sola columna. Destaco siete iniciativas que —de sostenerse— significarán sendos avances estratégicos para el país. Primero, la aprobación de la Ley de Víctimas y el impulso a su componente tierras. ¿Se acuerdan que hace un año eso se consideraba un imposible político? Segundo, la reforma a las regalías. Tercero, la reestructuración del Estado, y la reconstitución de ministerios fundamentales para la política social (Trabajo, Ambiente, Justicia) que Uribe había acabado con pasión de vándalo. Cuarto, lucha contra la corrupción y contra la toma del aparato del Estado por parte de las mafias. Quinto, normalización de nuestras relaciones con los vecinos y retorno de Colombia al concierto de las naciones. Sexto, proclamación del fin al ataque contra la justicia. Séptimo, haber abandonado el estilo de estigmatización violenta, y su identificación como terroristas, de las voces críticas. En todos estos terrenos se ha avanzado, de manera limitada pero real, a veces pagando costos altos. Es mezquino, pero sobre todo tonto, reducir esta agenda a “sólo palabras”.
Aparte de debates públicos que están abiertos (locomotora minera, modelo económico, diseño del sistema de salud), sintomáticamente los aspectos más problemáticos de la agenda gubernamental provienen de las promesas que Sí se están cumpliendo. Por ejemplo, la estructura impositiva del país es un relajo, pero el presidente se está ateniendo a su oferta de campaña de no pasar aquí de un retoque. En lo tributario, el país ha mantenido un rezago y un desorden históricos, y parece que vamos a continuar en la misma tónica. De hecho, paradójicamente la propia Ley de Víctimas manda una señal errónea en este sentido, cosa a la que espero poder referirme en otra ocasión. No se trata de un tema menor, ni de algo que tenga solamente una dimensión técnica: la conquista histórica de un Estado moderno pasa necesariamente por allí (además es inevitablemente la expresión de preferencias con respecto de fomento y equidad).
Algo similar se puede decir sobre las prioridades gubernamentales. Esperábamos, verbigracia, que la educación fuera una cenicienta. Y así ha sido. Mientras que algunas carteras están ocupadas por superestrellas (qué bien lo ha hecho Vargas; se destacan también Juan Camilo Restrepo, la canciller, el mincomunicaciones), la de Educación la habita una persona ajena al tema, cuya única acción visible ha sido emperrarse en sacar una desordenada reforma universitaria cada vez más confusa y opaca, y con el potencial de ser muy dañina (y si vieran cómo están escritos los documentos que la promueven...).
Es claro que el desenlace de muchas iniciativas gubernamentales aún está por verse. Santos ha decidido gobernar a través de un sistema que históricamente caracterizó al centro político colombiano —el de las supermayorías— que tiene tanto de largo como de ancho. Garantiza que el Congreso apruebe muchas propuestas; pero también permite que antes de su aprobación ellas sean pasadas por agua. Me parece que algo de este estilo pasó con Regalías (más que con Víctimas). La diferencia entre esta coalición y las anteriores es el nombre —Unidad Nacional—, el contraste con un pasado inmediato de extremismo desde las alturas que no se veía hacía décadas, y el arrollador éxito que ha tenido la propuesta. Pues, pese a la desestabilización uribista, y a diversos y cargados nubarrones que ya aparecen en el horizonte, el presidente y los suyos mantienen un enorme margen de maniobra. Ojalá lo utilicen en serio. Para seguir incumpliendo, no faltaba más.
