Sólo cuando la película está muy, muy mala pide el público que le devuelvan lo que se gastó en la boleta. Sin embargo, ahora el país tiene sobre la mesa una reforma tributaria —o “Ley de Financiamiento” (LF)— cuya mejor promesa es retornarles el dinero a los más pobres por concepto del IVA, que se extendería a la mayor parte de los productos de la canasta familiar. Pésimo augurio para una propuesta que amenaza con golpear brutalmente a los colombianos, debilitando de paso de manera significativa al actual Gobierno.
Rara vez comento esta clase de asuntos, entre otras cosas porque a medida que pasa el tiempo creo cada vez más en el adagio de “zapatero a tus zapatos”. Sin embargo, por varias razones he terminado por creer que buena parte de la LF cae en mi territorio, la política. Primero, porque aunque es indudable que el Estado en efecto necesita más recursos, simplemente no es verdad que no haya otra parte de dónde sacarlos. Sintomáticamente, esto se ha mostrado con solvencia desde todos los lugares del espectro político: derecha, centro e izquierda. Derecha: el conservador David Barguil sugirió que en cambio le pusieran alguna tasa al sector financiero. Cierto, ¿por qué no? El igualmente azul Efraín Cepeda propuso reducir los gastos del Estado (el mismo día en que algún alto funcionario mostró que el Estado tenía una vena rota por concepto de demandas perdidas, entre otras cosas por tener el gatillo fácil contra sus propios ciudadanos). Centro: el Partido de la U, encabezado por el senador Roy Barreras, mostró que había muchos lugares dónde buscar recursos, comenzando por la racionalización de la maraña absurda de exenciones que hace que prácticamente cada sector económico tenga su propio sistema tributario. Izquierda: Gustavo Petro planteó que deberían cobrar impuesto predial en serio a terratenientes que prácticamente no pagan por sus enormes posesiones (lo que es un poderoso incentivo no sólo para la concentración, sino para la criminalización del campo colombiano).
Creo que estas soluciones —todas perfectamente viables— quedaron fuera del menú de opciones no por un problema de economía entendida en sentido estrecho, sino de economía política: es decir, por estructuras de poder, conexiones e intercambios de favores. Es por eso —y no porque a Carrasquilla le falte en su equipo un nutricionista— que la LF contempla IVA para el huevo, pero no para la gaseosa.
Segundo, porque el presidente trata de vender la LF en nombre de la “equidad”. Lo hace porque se supone que el Estado les cobrará el IVA a los pobres, y después lo devolverá a través de un mecanismo que, sintomáticamente, no se ha revelado aún. La LF ni siquiera se debería discutir mientras el mecanismo no se revele. Pero incluso si el gran secreto finalmente se presenta en sociedad, se puede anticipar que tendrá poco de “equitativo”. El Estado aún estará extrayendo miles de millones en platas no devueltas y otros gastos a las gentes más vulnerables. De hecho, los economistas tienen un término para esto: “costos de transacción” (diligencias, filas, trámites, tiempo invertido en archivo de recibos, platas no reclamadas, etc.). Estos masivos costos se los echarán a las espaldas ya cargadísimas de los sectores populares, especialmente en el campo, donde la probabilidad de que haya un Estado que en realidad devuelva la plata es cercana a cero. Para no decir que ningún alto funcionario ha presentado una sola evidencia, por débil que sea, que sugiera que la LF es, en algún sentido verosímil, proequidad. Hay que exigirla hasta que aparezca o hasta que cese la engañosa presentación de la LF como tal.
Tercero, porque en este episodio en que Duque arriesga su pellejo el CD está haciendo fiestas: la LF llena sus aspiraciones programáticas, pero a la vez puede poner a Duque a cargar con todos sus enormes costos. Ganancia por punta y punta.
Sólo cuando la película está muy, muy mala pide el público que le devuelvan lo que se gastó en la boleta. Sin embargo, ahora el país tiene sobre la mesa una reforma tributaria —o “Ley de Financiamiento” (LF)— cuya mejor promesa es retornarles el dinero a los más pobres por concepto del IVA, que se extendería a la mayor parte de los productos de la canasta familiar. Pésimo augurio para una propuesta que amenaza con golpear brutalmente a los colombianos, debilitando de paso de manera significativa al actual Gobierno.
Rara vez comento esta clase de asuntos, entre otras cosas porque a medida que pasa el tiempo creo cada vez más en el adagio de “zapatero a tus zapatos”. Sin embargo, por varias razones he terminado por creer que buena parte de la LF cae en mi territorio, la política. Primero, porque aunque es indudable que el Estado en efecto necesita más recursos, simplemente no es verdad que no haya otra parte de dónde sacarlos. Sintomáticamente, esto se ha mostrado con solvencia desde todos los lugares del espectro político: derecha, centro e izquierda. Derecha: el conservador David Barguil sugirió que en cambio le pusieran alguna tasa al sector financiero. Cierto, ¿por qué no? El igualmente azul Efraín Cepeda propuso reducir los gastos del Estado (el mismo día en que algún alto funcionario mostró que el Estado tenía una vena rota por concepto de demandas perdidas, entre otras cosas por tener el gatillo fácil contra sus propios ciudadanos). Centro: el Partido de la U, encabezado por el senador Roy Barreras, mostró que había muchos lugares dónde buscar recursos, comenzando por la racionalización de la maraña absurda de exenciones que hace que prácticamente cada sector económico tenga su propio sistema tributario. Izquierda: Gustavo Petro planteó que deberían cobrar impuesto predial en serio a terratenientes que prácticamente no pagan por sus enormes posesiones (lo que es un poderoso incentivo no sólo para la concentración, sino para la criminalización del campo colombiano).
Creo que estas soluciones —todas perfectamente viables— quedaron fuera del menú de opciones no por un problema de economía entendida en sentido estrecho, sino de economía política: es decir, por estructuras de poder, conexiones e intercambios de favores. Es por eso —y no porque a Carrasquilla le falte en su equipo un nutricionista— que la LF contempla IVA para el huevo, pero no para la gaseosa.
Segundo, porque el presidente trata de vender la LF en nombre de la “equidad”. Lo hace porque se supone que el Estado les cobrará el IVA a los pobres, y después lo devolverá a través de un mecanismo que, sintomáticamente, no se ha revelado aún. La LF ni siquiera se debería discutir mientras el mecanismo no se revele. Pero incluso si el gran secreto finalmente se presenta en sociedad, se puede anticipar que tendrá poco de “equitativo”. El Estado aún estará extrayendo miles de millones en platas no devueltas y otros gastos a las gentes más vulnerables. De hecho, los economistas tienen un término para esto: “costos de transacción” (diligencias, filas, trámites, tiempo invertido en archivo de recibos, platas no reclamadas, etc.). Estos masivos costos se los echarán a las espaldas ya cargadísimas de los sectores populares, especialmente en el campo, donde la probabilidad de que haya un Estado que en realidad devuelva la plata es cercana a cero. Para no decir que ningún alto funcionario ha presentado una sola evidencia, por débil que sea, que sugiera que la LF es, en algún sentido verosímil, proequidad. Hay que exigirla hasta que aparezca o hasta que cese la engañosa presentación de la LF como tal.
Tercero, porque en este episodio en que Duque arriesga su pellejo el CD está haciendo fiestas: la LF llena sus aspiraciones programáticas, pero a la vez puede poner a Duque a cargar con todos sus enormes costos. Ganancia por punta y punta.