Qué hay en un nombre

Algún lector que todavía lea esas cosas recordará que la Julieta de Shakespeare se preguntaba qué había en un nombre. No mucho, le parecía. “Si eso que llamamos rosa tuviera otro nombre olería igual de dulcemente” (traducción, apresurada y potencialmente desastrosa, de la que me responsabilizo).

Por más que duela llevarle la contraria a Julieta, al menos la política opera de manera diferente. Los nombres tienen consecuencias. Y la conciencia de que eso es así tendría que incidir sobre la posibilidad de llevar a cabo las propuestas de debate entre los partidarios del Sí y del No que se han planteado en los últimos días. Ellas deberían condicionarse a acuerdos mínimos sobre los nombres que tienen las cosas. Porque de lo contrario se estarían permitiendo un peligroso juego doble. El uribismo participa en el plebiscito, pero lo denuncia como una farsa. Si gana, baila; si pierde, denuncia que hubo trampa. Cualquier debate propiciado por el Gobierno y/o los medios debería darse sobre la base de que el uribismo abandona esa ambigüedad tan profundamente antidemocrática, y aclara de una vez por todas si acepta el veredicto de las urnas, o si lo rechaza de antemano. ¿Y la paz es un “golpe de Estado”, o es un acuerdo cuestionable, como cualquier otro, que uno puede querer o no apoyar? Estas son cuestiones que atañen a los nombres de las cosas, pero que tienen una incidencia directa sobre la naturaleza de la oposición del uribismo a la paz: o democrática, o subversiva y desleal.

Naturalmente, la idea de un debate antes del 2 de octubre tiene al menos en parte un contenido instrumental. Todas las encuestas señalan —ahora sí— que el “No” va perdiendo ampliamente. Las que he mirado con algún detalle podrían tener problemas serios, pero las evidencias sugieren cada vez más el aislamiento de los promotores del “No”. Cuando un boxeador va perdiendo por puntos, quiere tener la oportunidad de acercarse a su adversario para propinarle un nocáut. Santo y bueno. Pero lo que no se le puede permitir a ese boxeador desesperado es que simultáneamente busque el golpe de gracia y adelante acciones en el escritorio para anular el resultado de la contienda.

Estoy bastante convencido de la amplia superioridad de los argumentos a favor de la paz. Y he visto las dificultades que tienen los personeros de la oposición extremista para enfrentarse a ellos. Vi unos segundos de la reciente discusión entre Cepeda y María Fernanda Cabal sobre el punto agrario del acuerdo; los suficientes como para oír a Cabal afirmar que la función social de la propiedad rural había sido un invento del M-19. Estas cosas ya no producen rabia, sino pesar. A Cabal habría que explicarle que había un señor llamado Alfonso López Pumarejo, que en 1936… Bah. Mejor no perder el tiempo con mentes impermeables. Pero si esa es la gente que quiere, o puede, mandar el Centro Democrático a la liza, sea. Todo hace parte de la controversia política. Lo mismo que recursos discursivos como los de Ordóñez, declarando que “aceptaba” la decisión del Consejo de Estado que lo sacaba del cargo (a propósito: felicitaciones efusivas para el equipo de Dejusticia), para a renglón seguido afirmar que esa decisión era el primer punto del acuerdo de La Habana. Obviamente, no presentó un adarme de evidencia a favor de su proposición.

Todas estas cosas pueden gustarnos o no (a mí me parecen de una inaudita mala fe), pero son parte del debate público y se resuelven a través de él. Lo que no puede pasar es que se utilice ese mismo debate, pero anteponiendo cláusulas y (des)calificaciones que conducen a la recusación de sus resultados si estos son desfavorables. Esta forma de nombrar las cosas es indecente, y no se debería permitir.