¿Rediseñar la representación?

Existen dos grandes familias de reformas.

Por un lado, las que uno podría llamar sustantivas, que siempre producen ganadores y perdedores, y que se evalúan de acuerdo a las preferencias de quien las propone. Piénsese en una política de subsidios, o de impuestos, o de transferencias de activos. Y por el otro, las formales, que operan sobre las reglas de juego, y que se evalúan de acuerdo no sólo a las preferencias de cada cual sino a hipótesis sobre sus efectos sustantivos. A esta segunda categoría pertenecen las reformas políticas.

El Gobierno ha anunciado que presentará numerosas iniciativas importantes de esta segunda clase, que incluyen la prohibición de la reelección inmediata y la ampliación del período presidencial (y quizás también de alcaldes y gobernadores). Todo esto puede sonar bien por al menos tres razones. Primero, por los terribles vicios procedimentales que estuvieron asociados a la aprobación de la reelección. Segundo, porque sabemos que muchas cosas funcionan mal en nuestro sistema político, y es natural tratar de incidir sobre las reglas de juego para cambiar los comportamientos. Uno no puede simplemente decretar el fin de la mala política (eso, de hecho, sería un ejemplo de pésima política). Y tercero, porque la ampliación de períodos parecería tener bastante sentido. Claro: si todos los alcaldes o gobernadores se portan como granujas, entonces la ampliación no funcionará. Pero tampoco lo hará ningún otro sistema.

Lo malo es que es posible producir fácilmente otros argumentos, en principio igualmente válidos, en la dirección contraria. Considerarlos con atención no es sofística: es buen sentido. Por ejemplo: la reelección puede ser muy buena, sobre todo en un país en el que el núcleo de líderes políticos capaces y honestos es demasiado pequeño en relación con las tareas que afrontamos. Para que no se me acuse de contabilidad por partida doble: todo esfuerzo por hacer aprobar reelecciones que beneficien directamente a quien las propone debe ser combatido a rajatabla, y condenado como antidemocrático. Pero eso no implica necesariamente que la reelección sea mala por principio. ¿Tendremos tanta gente de primer nivel en este país como para darnos el lujo de obligar a los municipios a reemplazar a su alcalde estrella? De pronto la reelección inmediata —que permite a los votantes castigar a quien se desempeñe mal— es mejor que el período ampliado.

¿Quién lo sabe? Estamos lejos de entender los efectos de pasados cambios. Estos que se proponen cargan sobre sí varios problemas. Ante todo, carecen de un diagnóstico con prioridades. Cierto, hay muchas cosas que funcionan mal en nuestro sistema político, pero ¿realmente están relacionadas con lo que se quiere cambiar? O, en la otra dirección, ¿los problemas que quiere atacar esta reforma son los más importantes? Si se quieren medidas democratizadoras, desarróllese una ofensiva para trancar la sangría de la Marcha Patriótica o promuévase en serio, como mecanismo de representación real, el Pacto Agrario: más simple, y de impacto mucho mayor.

Más clara es la cuestión con respecto a la reforma a los organismos de control. Una vez más, empero, hay que hacerse primero las preguntas sencillas: ¿dónde están los problemas? ¿Son los períodos, es Ordóñez, es el diseño de la Procuraduría? Me parece que los principios generales son los siguientes. Las reformas formales deben estar sostenidas sobre diagnósticos y resultados esperados. De lo contrario, los beneficios potenciales resultan inferiores al costo de estar manipulando continuamente las reglas de juego. Y aquellas que sean significativas implican tanto esfuerzo y tal movilización del sistema político que deben incluir los temas fundamentales. Es claro que la reelección desarticuló importantes pesos y contrapesos, y que eso justifica cambios. ¿Hay algo más? Si no, basta con decirle adiós muy comedidamente al señor Ordóñez, y que el Congreso ajuste los períodos relevantes mientras aclara sus prioridades.