¿Regulación o muerte?

En muchos de nuestros conflictos aparentemente irresolubles encuentra uno operando la mano —muy visible— de la incapacidad del Estado para ejercer sus funciones regulatorias básicas: desde Uber, pasando por el letal relajo de las motocicletas, hasta la expansión de la economía minera. Por supuesto, no descarto que en muchas ocasiones esa incompetencia sea astuta (no desarrollo las capacidades porque no me convendría hacerlo), pero eso es parte de otra (larga y laberíntica) discusión.

Vean el caso del voto de Cajamarca. La población se organizó, armó un plebiscito, con todas las formalidades, y se manifestó. Independientemente de que la decisión última nos guste, ese es el tipo de participación que necesitamos: tipos y tipas sin armas, con argumentos, preguntándose por temas fundamentales para su calidad de vida. Ahora bien, esta clase de voto nos pone frente a problemas reales. No me impresiona la objeción de que campañas como las de Cajamarca son “emocionales”. Pues claro que lo son. Este no es un tema académico, en el sentido peyorativo del término, sino uno que tiene implicaciones directas e inmediatas sobre el futuro de la gente. Pero sí hay interrogantes que tenemos que hacernos como sociedad. El problema no atañe solamente a los habitantes de Cajamarca, sino a los de todo el país. ¿Cómo enfrentar esta tensión entre lo local y lo nacional? ¿Cómo manejar esa otra tensión íntimamente relacionada entre bienestar local y crecimiento económico? ¿Entre protección ambiental y crecimiento? La opción anticrecimiento me parece catastrófica, así que tomo muy en serio preguntas como esas.

Estas tensiones no se disiparían, pero podrían administrarse correctamente y con claridad, si contáramos con agencias que cumplieran de manera creíble con su función regulatoria. Por ejemplo, si hubiera toda una cantidad de ejemplos en los que a las municipalidades les ha ido terriblemente bien con la presencia minera, entonces los partidarios de ella podrían presentarlos ante las municipalidades, y apelar a su razón y a sus emociones. Podrían hacer documentos con experiencias y recomendaciones, y entregárselos a los alcaldes para su orientación. Y así sucesivamente. Y entonces la perspectiva del voto local no sería tan aterradora: algunas municipalidades se inclinarían por el sí, otras por el no, con una buena probabilidad para la primera opción. Podría haber una economía minera estable, pero con respeto por las decisiones locales. Obviamente, las tensiones no desaparecerían como por arte de magia, entre otras cosas porque la instauración de economías mineras en los territorios genera cambios tan drásticos que necesariamente produce a nivel local una fuerte diferenciación entre ganadores y perdedores. Pero sí se volverían manejables. No más, no menos.

Pero, como todo el que se haya asomado a estos problemas sabe, esa no es una alternativa viable para el país en este momento. Las agencias del Estado aparecen en el territorio como portavoces de las empresas mineras, y en muchas ocasiones los estudios ambientales necesarios para obtener las licencias de rigor son puras formalidades (que entre otras cosas pueden contratar dichas empresas). Los ejemplos públicos más conocidos de presencia minera en las localidades sugieren que les ha ido, o al menos les puede ir, miserablemente mal. Subdesarrollo y economía minera han convivido cómodamente en muchos territorios.

En estas condiciones, ¿qué razones (o emociones) tenían los habitantes de Cajamarca para dudar de su resonante no? La terrible declaración leguleya del funcionario de la agencia respectiva —estos son derechos adquiridos, la votación no tiene efecto legal— es doblemente colonial: en su escamoteo de lo político por lo judicial, y en su arrogante lógica de ignorar las preferencias de la ciudadanía, incluso allí donde son claras y explícitas. Claro, supongo aquí que nuestro Estado no es un ínfimo bufete de tinterillos, sino la fuente de la razón política por excelencia; y por lo tanto tiene que convencer. Ojalá no esté siendo sobreoptimista.