Restitución y responsabilidad

LA REVISTA SEMANA PUBLICÓ EN LOS últimos días una conversación entre el excelente parlamentario Guillermo Rivera —incansable y lúcido impulsor de la ley de víctimas— y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Lafaurie criticó severamente la ley, poniendo en cuestión tanto su justicia como su utilidad. Ya tendré ocasión —si Dios nos da vida, como dicen los ciclistas que ganan (pero yo ni soy ciclista ni he ganado nada)— de considerar los argumentos de Lafaurie con algún nivel de detalle. Por el momento, quiero consignar mi sorpresa, acaso ingenua, por el hecho de que en su discurso no entre una sola reflexión sobre el enorme papel que ha tenido el tipo de economía que él representa y defiende en la sangría de pesadilla que ha sufrido el país en las últimas décadas.

Ese papel se puede separar en tres categorías. La primera (que llamaré “antirreformismo”) se refiere a la histórica, tozuda y agresiva oposición del gremio a cualquier cambio del statu quo, por injusto y violento que sea. Me encuentro en las actas parlamentarias que a principios de la década de 1960, los ganaderos —encabezados por otro Lafaurie— estaban tratando de bloquear a toda costa la propuesta de reforma de Alberto y Carlos Lleras. Junto con otros actores y con sus apoyos políticos en los dos grandes partidos, pudieron a la larga imponer su posición. Esto significó que en lugar de las propuestas moderadamente igualitarias que defendían varios sectores de las élites políticas, que hubieran permitido una disminución de las presiones sociales, económicas y demográficas en la parte del país en donde había mercado y Estado, se disparó, o reforzó, una irresponsable y desordenada colonización a territorios en donde uno y otro estaban ausentes. Es sobre todo allí en donde se incuban todos los factores del conflicto que aún persiste, y que no da trazas de evaporarse tan pronto.

La segunda (“el primer numerador”) es el papel crucial que han tenido ganaderos en la conformación de grupos paramilitares. Por ejemplo, si se toma el número de grandes ganaderos que ayudaron a fundar esas máquinas de muerte, y se divide sobre el total de socios fundadores, el resultado será una cifra alta. Yo ya hice el ejercicio para la década de 1980, pero habría que extender la contabilidad a otros períodos. Esto tiene sus explicaciones (por ejemplo, los ganaderos fueron el blanco preferido de la repugnante industria del secuestro que montaron las guerrillas), pero ninguna justificación, política, moral o judicial.

La tercera (“el segundo numerador”) es el porcentaje de ganaderos que hayan podido apoyar los emprendimientos paramilitares (o, en algunos períodos y en ciertas regiones, guerrilleros). Según mucha evidencia histórica, tesis de grado que he dirigido y materiales que obran en mi poder, este porcentaje podría ser también sorprendentemente alto. No se trata de culpabilizar en masa, ni de lanzar acusaciones temerarias. En Colombia, afortunadamente, existe la presunción de inocencia. Pero tampoco hay derecho a hablar y actuar como si nada hubiera pasado. Claro, también aquí hay explicaciones. Las condiciones sociales y económicas en las que se da buena parte de la producción ganadera —ocupaciones extensivas y muy ineficientes, bajas tecnologías, problemas no resueltos de derechos de propiedad— la pusieron en la primera línea de fuego del conflicto, con brutales consecuencias.

En lugar de dedicarse a torpedear la ley de víctimas —que, con todo y sus limitaciones, es un importante avance—, el señor Lafaurie debería reflexionar, y responderle al país, sobre estos tres grandes temas (el antirreformismo, en el que insiste tercamente, el primer numerador y el segundo numerador).