Todo, absolutamente todo, en la acusación de Paloma Valencia contra Iván Cepeda por su supuesto involucramiento en el asesinato de Miguel Uribe Turbay es ruin y miserable. El uso político del crimen, como lo destacó en este diario Cecilia Orozco: es el cadáver de la víctima lo que apasiona a Paloma, no la víctima en vida, de quien era un desleal adversario, según múltiples afirmaciones por parte de su padre. La grotesca ficción de novedad, después de las confesiones de un delincuente que imputara el asesinato a la llamada Segunda Marquetalia: en realidad, Paloma tenía preparada su versión, que ya había desembuchado. Inicialmente contra Petro (por hablar duro en los debates políticos), ahora contra Cepeda, a quien hace poco rogó en el Congreso, con un histrionismo fingido y patético, que no la mandara matar.
La absurda cadena de inferencias que respalda la acusación: como Cepeda apoyó la paz con las FARC, entonces es culpable de la muerte de Uribe Turbay. Por lo visto, el uribismo ni aprende ni recuerda. Pues bajo su propia paz con los paramilitares ocurrieron toda clase de brutalidades: asesinatos de alcaldes que se opusieron al dominio territorial de aquellos; captura masiva del sistema político; numerosas masacres, desplazamientos y despojos; atentados y amenazas de toda clase y magnitud; complicidad entre las autodefensas y las agencias de seguridad para cometer “falsos positivos”; asesinato de defensores de derechos humanos; asesinato de líderes negociadores por parte de narcoparamilitares. Sin ninguna reacción por parte ni del presidente ni de las fuerzas que lo respaldaban. De hecho, el uribismo defendió a capa y espada a las autodefensas en proceso de desmovilización. A cada crítica al proceso, respondió con la amenazante incriminación de que se trataba de coletazos del terrorismo y la subversión.
¿Entonces, según la risible lógica que ahora exhibe, Paloma Valencia es culpable de todo esto? Con un par de detallitos adicionales. Pues mientras que la izquierda corrió a condenar el homicidio de Uribe Turbay en los términos más enérgicos posibles, ni Valencia ni el caudillo que la titiritea han dicho una sola palabra de contrición o de solidaridad con las víctimas de sus propios estropicios. Por el contrario, hasta el día de hoy se han involucrado en la negación de las salvajadas cometidas bajo su mandato y de su propia paz (a veces también en su justificación).
Una implicación particularmente costosa para todos los colombianos de esta retórica es la criminalización de la paz. En cualquier esfuerzo de paz habrá desencuentros; es probable que también aparezcan grupos disidentes que abandonarán el proceso. Pasó también con las autodefensas. ¿Ese hecho hace a los pacifistas solidarios con los crímenes cometidos por los disidentes?
Además, la disidencia de la que hablamos es el resultado de múltiples encadenamientos y evoluciones. Márquez y Sántrich, fundadores de la Segunda Marquetalia, están fuera de combate; el grupo ahora adoptó otro nombre, ha entrado gente nueva, las estructuras y formas de operar han cambiado. Acusar a Cepeda de tener algo que ver con la muerte de Uribe Turbay, ordenada aparentemente por la Segunda Marquetalia, por haber apoyado el acuerdo con las FARC, es como decir que Paloma es culpable de lo que haga el Ejército Gaitanista de Colombia, por pertenecer ella a la fuerza que pactó el acuerdo con las autodefensas. Totalmente traído de los cabellos.
Como lo era, recuerde el lector, la acusación inicial: Petro es el culpable del asesinato de Uribe Turbay, por tuitear o divagar. “Las palabras matan”, decían con acento compungido los cómplices de aquella encerrona, que a propósito nunca escatiman expresiones estigmatizantes contra sus enemigos políticos. Pero el cuento era insostenible. Usted podrá estar o no de acuerdo con los trinos o disquisiciones del presidente, pero, con un poco de distancia, comprenderá que la inculpación era absurda. Tanto, que en plena competencia electoral (qué casualidad) los propios uribistas la descartaron apenas encontraron a otro culpable más aparente e interesante.
