Mirabeau, el extraordinario y tremendamente equívoco precursor de la revolución francesa, recibía un soborno de la corona para justificar a Luis 16 ante la Asamblea Nacional.
Alguna vez pronunció un discurso en defensa de la monarquía que impresionó a todos los asistentes. El que le transfería los dineros le ofreció un bono adicional por la calidad de sus servicios. Mirabeau contestó de manera amistosa pero indignada. “Yo, señor —explicó—, soy muy puta: pero no tanto”. A las personas las defendía por plata; al principio monárquico, por convicción.
El episodio caracteriza bien la ambigüedad de muchas situaciones políticas: ¿se está luchando por un principio o promoviendo el propio interés? ¿Al sostener la idea de que el fiscal está por encima de todo debate democrático, Montealegre se pone a cubierto o se bate por una hipótesis institucional? ¿Al atacar a Montealegre los uribistas están tratando de poner a su jefe por encima de la legalidad, lo que aparentemente constituye uno de los principales puntos de su programa, o están combatiendo a la corrupción? La respuesta no es obvia. Acaso los mismos involucrados no lo sepan con claridad (ramalazos de autoconocimiento como los de Mirabeau requieren de cierta estatura histórica, que aquí a todas luces brilla por su ausencia).
Estoy profundamente convencido de que los argumentos de los actores deben ser valorados desde su lógica interna, y no desde quien lo dice. Mejor creer y desdecirse que lo contrario. Prefiero esta “benevolencia”, que alguno me enrostraba, a la denuncia temeraria y a la gritería, entre otras cosas porque permite evitar conclusiones apresuradas. A propósito: los estridentes nunca se juzgan a sí mismos con los parámetros que aplican a los demás. No pasarían el examen. Así que en principio pienso que vale la pena tener en cuenta la versión oficial de Montealegre: el trabajo realizado es bueno y vale lo que se pagó. No tengo ningún problema en imaginarme que una investigación haga aportes fundamentales al tema sobre el que estaba trabajando la firma consultora de Springer, y que por tanto sea interesante y provechosa. Creo que ni siquiera la evaluación interna de la Fiscalía, devastadora, constituye un juicio definitivo: los criterios internos de las instituciones no necesariamente corresponden con los académicos. Mucho menos me molestan las supuestas transgresiones graves que se han presentado como denuncias: ¿Montealegre le pidió a César Caballero los datos de secuestro para que Springer los analizara? Esto es rutinario en la vida académica, y muchos de esos datos son de hecho públicos.
Lo que lo daña todo —lo que se dice todo— es que Montealegre y Springer quieren mantener escondido el trabajo. Esto ya es anómalo: si uno escribe una cosa realmente buena, la quiere publicar. La coartada que se usa para mantener oculto el texto (que, si es de excelencia, debería ser de conocimiento público) es la “seguridad nacional”. Se trata de un alibi tan infantil, tan chiquito, que uno no entiende cómo no se mueren de la risa cuando lo emiten. ¿Qué es lo tremendo que contiene el documento que no pueda conocer nadie? ¿Generales metidos en problemas? Eso ya lo vemos desde hace cuatro décadas. ¿Grupos armados ilegales haciendo cosas terribles? ¿Dónde está la novedad? ¿Políticos pérfidos? Rutina. Si por casualidad hubiere algo realmente delicado —“la flotilla de submarinos nucleares de la armada colombiana que nadie en el mundo conoce está fortaleciéndose”—, lo pueden fácilmente editar. Que un subterfugio semejante pueda circular sólo muestra hasta qué punto la carcoma del secretismo ha corroído a las instituciones del Estado. Volviendo a Mirabeau: la mayoría de los que ocultan la información se están protegiendo a sí mismos, no al principio.
Fiscal: someta el trabajo a evaluación académica, y salga de la trampa de la ambigüedad en que se metió.
