Aparte de la energía social desplegada durante estas jornadas de movilizaciones, es positivo el que mucha gente se esté preguntando por salidas y opciones. Cierto: algunos asociados al Gobierno han dejado claro que creen que nuestra crisis puede ser solucionada a física bala. No es hipérbole y, de hecho, ni siquiera una aserción mía. César Gaviria —un ciudadano por encima de cualquier sospecha de ser mentor de una revolución molecular disipada—, sólo horas después de llamar a rodear al presidente, concluyó que cada declaración del ministro de Defensa, Molano, era una licencia para matar. Dio un ejemplo contundente: la calificación de quienes bloquearan vías como terroristas.
Cualquier persona que no esté totalmente atrapada por el doble síndrome de la proclividad homicida y la miopía extrema sabe, sin embargo, que las soluciones se encuentran en otra parte. ¿Pero cuáles y cómo hacer el tránsito hacia ellas? Ya se han planteado varias opciones sensatas. El nominado subsecretario estadounidense para América Latina se refirió a dos: por una parte, desescalar las dinámicas de enfrentamiento y, por otra, retomar el camino del cumplimiento del Acuerdo de Paz, que nunca se hubiera debido abandonar. Diferentes líderes (de hecho, no sólo de la oposición) han hablado de una tercera acción, simple, eficaz, que contribuiría mucho: que el presidente de la República se avenga a conversar con el Comité del Paro. Aquellos que aún se sientan representados por este Gobierno no podrán dejar de deplorar esa combinación de brutalidad y pusilanimidad, que por un lado lleva a dar órdenes que conducen a una máxima tensión en las calles, los campos y barrios, pero que por otro lado no permite siquiera dar la cara. Que conduce a estigmatizar la protesta, pero en cambio tolera e incentiva al silencio cómplice, cuando no algo peor, frente a la violencia paramilitar. De hecho, el propio Gobierno y su bancada en el Congreso le dieron la razón a la población, al retirar la tributaria, hundir la reforma a la salud y comenzar a ampliar la oferta social (matrícula cero, etc.). Estas son claras conquistas ciudadanas. Pero hay en esta aceptación tácita algo que me desconcierta profundamente: ¿le damos la razón a la gente, pero le seguimos dando bala? Como fuere, una política social más seria y agresiva, con una vocación real de equidad en uno de los países más desiguales del mundo, también serviría para ir tranquilizando las aguas.
Todas estas cosas sin duda serían útiles y darían mensajes positivos. Pero ya no son suficientes, por al menos tres razones básicas. La primera es que en las últimas semanas asistimos a un baño de sangre. No hay otra manera de calificar este desenlace, que ya suma decenas de asesinados, cientos de heridos, desaparecidos a granel y escenas brutales de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública. No se puede separar tan aterrador resultado del programa y del formato mental de un partido político que incita regularmente a la violencia homicida y una de cuyas posiciones básicas es poner a la Fuerza Pública a cubierto de investigaciones que merezcan ese nombre. Imposible olvidar que Duque encarnó esta promoción apasionada de la impunidad, al disfrazarse de verde después de noches de horror producidas en el contexto de anteriores jornadas de protesta (dirigidas, entre otras cosas, contra la brutalidad policial).
La segunda es que la cooptación y absorción de los organismos de control por parte del uribismo —una aspiración programática de larga data, que se extiende también al aparto de justicia y a otros sectores— les ha quitado a las investigaciones estatales sobre la violación de los derechos humanos y abusos del Gobierno toda la credibilidad que pudieran tener.
La tercera es que un partido agresivamente hostil a la alternación en el poder tiene muchos incentivos para pescar en río revuelto. Citando al caudillo: ojo al 2022. Necesitamos garantías internacionales para que tengamos elecciones pacíficas y limpias.
