Sapos y chocolates

Los otros días Juan Manuel Santos dijo a uno de sus auditorios que él no compartía varias cláusulas del acuerdo de paz, pero que precisamente ahí residía su mérito: ser el producto de una negociación, en la que cada quien cedía algo. Pero no precisó cuáles eran sus divergencias. Lástima, pues hoy todo abogado y jefe de oficina quiere demostrar que es más sabihondo que el otro a costa de enmendarle la plana al acuerdo. Así, la paz no tiene ya defensores sino geniales intérpretes, cada uno tirando para su lado, y descuartizándola en nombre de sucesivas y supuestas mejoras. ¿Será muy poco barroco, y por tanto muy poco colombiano, exigir que nos atengamos a la sencilla tarea de defender esta paz estupenda conseguida a punta de mucho trabajo y muchas neuronas, y no la plantilla ideal que cada quien está en libertad de imaginarse?

Más allá de esto, me quedé preguntándome qué sería lo que molesta a Santos. Pues si el propio presidente dice no compartir su paz, encuentro difícil que pueda convencer a los ciudadanos simplemente con base en la sugerencia de que las negociaciones son así. Alguno dirá, con razón, que en las negociaciones se puede conseguir más o menos: en eso consiste la responsabilidad política. ¿Estamos pues frente a otra versión de la deletérea metáfora de los sapos? ¿Y entonces cuáles son?

Un candidato a sapo es el que la dirección fariana no pague cárcel y pueda participar en política. Pues esto no me parece un sapo, sino algo muy bueno y positivo. Cierto: he estudiado en detalle, y denunciado desde hace mucho, los crímenes que cometió la guerrilla. A ellos se han referido también, ciertamente, muchas víctimas propaz. El no castigo judicial de estos hechos es un costo para cualquier sociedad. Pero al mismo tiempo hay enormes beneficios implicados. Primero, es clave que el sistema político colombiano cuente con la voz de las Farc. Ciertamente, no es la voz de “los” campesinos, a muchos de los cuales esa organización les dio bala; pero sí es “una” voz estructurada de una organización básicamente campesina. Con una alta disciplina y clara jerarquía, que hace que pueda cumplir y tener poquísimas disidencias (segunda ventaja), precisamente porque cuenta con sus dirigentes.

Esa voz, a su vez, fue silenciada a punta de fusiles y bombas. Tirofijo no se fue al monte simplemente a conocer, sino porque había una política de exclusión de la oposición a sangre y fuego, impulsada por un Partido Conservador que ahora escamotea alegremente toda responsabilidad. Tal política no fue un episodio aislado, sino que después se desdobló en una masiva promoción del fenómeno paramilitar por parte de muchos actores nacionales y regionales.

Y eso me lleva al tercer aspecto: no se trata sólo de los problemas de las Farc y su dirigencia. Tanto en el Estado como en el sector privado hay una larga y tenebrosa contabilidad. Cobrar todas estas cuentas es no sólo imposible, sino total y absolutamente desestabilizante. Lo que permite la Justicia Especial para la Paz es cambiar este panorama de desestabilización por la verdad. La verdad que podría iluminar con su luz fría pero eficaz todos los rincones de nuestro espacio público, permitiéndole a nuestra opinión saber quién le hizo qué a quién, como en el título del gran libro de Patrick Ball. Este conocimiento, mucho más que la judicialización, es condición necesaria para sanar y reconstruir.

No, no, no: no se trata de un sapo, sino de un estupendo negocio. Sé que esto que estoy diciendo no puede ser muy popular en ningún lugar del espectro político. Pero, si hemos de convencer a la ciudadanía de las bondades del acuerdo, será mejor abandonar las referencias oblicuas y referirse sin reatos a los beneficios, duros pero enormes, de la paz. Las cuentas claras y el chocolate espeso.