Sepultados bajo el ruido

No soy abogado. Por tanto, tampoco juez. No tengo ni la pretensión ni la habilidad —que sí reconozco en otros— de emitir juicios sobre la sustancia de los delitos que se imputan a Álvaro Uribe Vélez. Pero sí puedo recordar tres criterios para alimentar el debate. El primero es simple: la Corte Suprema de Justicia encontró mérito suficiente para llamarlo a indagatoria. Creo que fue David Barguil quien, a propósito de esto, comentó amargamente en Twitter: los guerrilleros en el parlamento, Uribe a la cárcel, “golpe a la democracia”. Pobre y demagógico argumento. Saque a las Farc del Congreso: ¿cambia eso en algo las actuaciones de Uribe, o la valoración que tenemos de ellas? ¿Estaría entonces Barguil de acuerdo con enjuiciarlo? Para no hablar ya de que precisamente para evitar tales asimetrías se creó un mecanismo específico, la JEP, cuya idea central es que todos los que cometieron actos ilegales en el curso del conflicto puedan sanear su situación sin que el país se desestabilice. No: lo que sugieren Barguil y otros amigos de Uribe es que éste tiene que estar por encima de la ley. Y para garantizar que lo esté están dispuestos a incendiar al país.

Y esto me lleva a la segunda constatación. Independientemente de los tipos penales y de las categorías jurídicas, el llamado a indagatoria por parte de la Corte ha revelado una vez más el incansable y persistente comercio de Uribe con toda clase de gentes en la ilegalidad y la semilegalidad, involucradas en distintos inframundos. Codeándose sobre una base cotidiana con paramilitares, narco-abogados, narco y para-ganaderos… Se ha insistido, y con toda razón, en que Uribe y su coalición tomaron la decisión de obstruir a como diera lugar el avance histórico de alcanzar la paz. Pero es igualmente relevante su decisión de impedir que la política entre plenamente en la legalidad, una tarea histórica pendiente que en algún momento necesita llevar a cabo este país.

Lo que a su vez me conduce al tercer punto: la obsesiva y absorbente asimilación de los intereses nacionales a los del caudillo. Cuando me senté a escribir esta columna, quería hablar de otra cantidad de cosas: evaluación de las presidencias Santos, las desgracias del régimen nicaragüense, las conversaciones de paz entre el Gobierno y el Eln, la consulta anticorrupción. Pero el griterío de los uribistas, con cada uno tratando de exhibirse como el más fiel escudero ante su caudillo, no deja oír mucho más. El triste sainete de Uribe —presentar una carta de renuncia al Senado esperando que el país le pidiera de rodillas que volviera, y después retirarla porque nadie salvo Macías y compañía lo hizo— tuvo al país político en vilo para terminar con el consabido chorro de babas. Cierto: muchos siguen al caudillo paisa con devoción, pero otros tantos votaron por Duque con la esperanza de evitar turbulencias. ¿Y no fue la tranquilidad precisamente una promesa básica del propio Duque? ¿No empezarán a sentirse hastiados tales votantes de esta serie de espectáculos grotescos, de estos continuos alaridos, de este rechinar de dientes y de descubrir misteriosos complots en los que absolutamente nadie más en el mundo cree? ¿No comenzarán a sentir que esto los disminuye y los invade? ¿No les darán ganas de pasar la página y de buscar una forma de representación, o acaso simplemente un espectáculo, un poco menos brutal y previsible? ¿O aún están dispuestos —al igual que algunos parlamentarios, puro personal de aluvión, que no serían nadie sin Uribe y por eso se portan como se portan— a sacrificarlo todo para garantizar que aquel, el caudillo, esté por encima de la ley?

El apacible pero elocuentísimo silencio que se tendió sobre la renuncia de Uribe me sugiere que mucha gente común y corriente, no muy politizada, está hasta el cogote con esto. Como debería ser.