El filósofo Pinker y su corrillo de liberales bienintencionados dieron ahora en la flor de lamentarse por la escasez de atención que concitan las noticias positivas. En cuanto tenga un respiro buscaré una manera de publicar una evaluación del optimismo del buen Pinker, de sus aportes y límites. Déjenme anticipar que siento bastante escepticismo —mezclado con una suerte de admiración a contrapelo— ante su visión rosa y su entusiasta satisfacción con el mundo que le rodea. Pero algún zumbido me habrá dejado en la cabeza, porque esta semana, en lugar de deleitarme con las turbulencias, horrores y desencuentros de nuestra política —qué diablos: deleite podría ser la expresión precisa—, me concentraré en la mejor novedad que logré ubicar. En parte, porque pasó desapercibida. Pero también por su importancia intrínseca.
Se trata de la sentencia STP 2028-2018 de la Corte Suprema, sobre una tutela interpuesta por más de 1.700 campesinos por intermedio de Rodrigo Uprimny para que se incluyeran en el censo poblacional de 2018 preguntas que permitieran la caracterización de su sector social. En realidad, como sucede en el mundo real, la noticia es agridulce. La sentencia destaca cómo la tutela tiene razón en la gran mayoría de sus argumentos. Pero concluye que por restricciones logísticas —ya pasó el tiempo— y técnicas —hay que definir mejor conceptos, contenidos, actores— esas preguntas tendrán que esperar hasta que se presente la próxima ocasión.
¿Tablas? De pronto. Pero, por al menos tres razones, es deseable romper ese equilibrio de “están en lo cierto, pero esto no tendrá consecuencias prácticas”. Primero, una de las funciones fundamentales del Estado moderno es —junto con cobrar impuestos, proveer seguridad y ofrecer tribunales para la resolución de disputas— contar. En ese sentido, nuestro Estado está en una situación deplorable. Si ni siquiera tenemos una semblanza de conteo oficial de líderes sociales asesinados… No por casualidad ciertas élites se han rebelado contra la construcción de un catastro que merezca ese nombre, una iniciativa contemplada en el Acuerdo de Paz. Segundo, como lo afirmó el propio director del DANE, Mauricio Perfetti, sin cifras no hay política pública. Las diferencias en términos de pobreza y otras categorías entre campo y ciudad son enormes: sería clave entenderlas mejor para cerrar esa brecha. Tercero, creo que se puede sostener razonablemente que el campesinado, que en efecto tiene una identidad propia, ha sido el sector más brutal y horripilantemente victimizado en estas interminables décadas de conflicto interno. Una vez más, sin los conteos básicos no podremos reconstruir el perfil de esta brutal agresión, ni buscar cómo repararla.
Las tres dimensiones están captadas muy bien por un cartelito que solía colgar en la puerta de entrada de la Oficina de Estadísticas de la Ruanda posgenocidio —una modesta oficina muy lejos de nuestro imponente DANE: pero qué claridad—, que rezaba de la siguiente manera: “Si no contamos, no contamos”. Si no estás en las cuentas del Estado, para todo efecto práctico, para las políticas públicas, no existes. Si no te apersonas para que te cuenten, no cuentas. Los campesinos que presentaron la tutela recogieron esta bella y lúcida consigna, y se han propuesto hacerse contar: para contar.
Si yo fuera un tomador de decisiones en el Estado colombiano lo último que haría sería oponerme a este requerimiento. Ofrece él una oportunidad única para erigir una interfaz viable, provechosa y pacífica entre el Estado y el campesinado, y de sentar las bases para una narrativa creíble de reconstrucción. Y también, en efecto, de mejorar de manera sustancial nuestras políticas para el agro. Se habla mucho —y con razón— de la corrupción. Pero hay otro factor fundamental que pesa como una losa muerta sobre la calidad de nuestras políticas: falta de datos y de criterios.
Si hay alguien ahí afuera con un horizonte temporal relativamente amplio, debería estar corriendo para darle curso a esta reivindicación.
