Sólo trabajo

Extraordinario logro el que la mesa de La Habana le ofrece al país: estamos a las puertas de un cese bilateral del fuego, y con la declaración pública de que habrá verificación internacional y dejación de armas, muchas preocupaciones genuinas y de buena fe sobre el proceso quedan resueltas al menos de manera sustancial, si no en su totalidad.

Esto quiere decir que, si no pasa algo terrible, Colombia podrá alcanzar este año el objetivo que obsesionó a sus mejores cerebros y corazones durante dos generaciones largas: el fin negociado del conflicto armado. De hecho, alcanzar la paz, y hacerlo de manera que ella estuviera unida a toda una serie de incorporaciones políticas y sociales, es un tema que ha estado en la agenda política, intelectual y moral de muchos liderazgos en diversas coyunturas críticas para el país. Sólo basta recordar a Carlos E. Restrepo, ese incansable ideólogo de la tolerancia (y conservador de origen), defendiendo las reformas constitucionales de 1910 porque permitirían tener a los liberales en el Congreso debatiendo y no en el monte echando bala. ¿En realidad habremos avanzado mucho en relación con los postulados del gran Carlos E.? Pero el punto principal es que, de cara a lo mejor de sus tradiciones, ninguna corriente política o intelectual hondamente enraizada en el país tiene razón para marginarse de este extraordinario cambio, que tendrá espacio, y trabajo, para todos.

Y esto me lleva a la mala noticia. O a la buena, para la gente como yo a la que no se le da bien el tono solemne y le duelen los oídos cuando las campanas tocan a rebato. La paz va traer mucho, mucho, MUCHO trabajo. Trabajo duro, de dientes apretados, cuidadoso, sistemático, de overol. Para entender por qué, hay que preguntarse de dónde nació esta guerra. Al respecto, se han manejado dos tesis que me parecen erróneas. La primera es la de la demanda de “paz con justicia social”, que en la práctica puede significar que cualquier desigualdad extrema o particularmente injusta constituye un casus belli. La implicación de ella es simple: como superar las terribles injusticias que tiene nuestra sociedad duraría décadas —la desigualdad persistente NO se elimina por decreto—, tendríamos que pasar al menos ese mismo tiempo en guerra o al borde de ella. Lanzar esa reivindicación sin matizarla mucho significa ir directo a la justificación de la guerra. La segunda es que nuestra guerra salió de la nada: había unos tipos malos, malísimos, con cicatrices en la cara, que quisieron martirizar a la gente. Y de pronto se cansaron. Desde esta perspectiva, el posconflicto equivale a la pregunta de qué hacer con esa gente.

El espacio de razonabilidad acerca de los cambios sociales e institucionales que tienen que estar asociados al final del conflicto no se encuentra a medio camino entre estas posiciones insostenibles, sino en otra parte: en el reconocimiento de que ciclos violentos tan prolongados y dolorosos como los que ha vivido Colombia no salen de la nada, de que hay que crear las condiciones para que no se vuelvan a producir, y de que las dinámicas bélicas empeoraron terriblemente la situación y crearon las condiciones para perpetuar todas las injusticias vigentes y crear otras nuevas. Una vez uno rumia estas premisas encuentra que la plataforma que se está acordando en La Habana es un excelente instrumento para plantearse la reconstrucción de Colombia.

Claro: como los dinosaurios del cuento del gran Monterroso, nuestros males sociales seguirán ahí al día siguiente de la firma. No hay que esperar milagros: sólo problemas y trabajo. Lo crucial es crear las condiciones para la reconstrucción. Una de ellas, simple, es que no sigan matando a los líderes sociales. ¿Por qué no pedir que también se verifiquen internacionalmente sus condiciones de seguridad?