¿Sorpresas?

Hizo bien el Presidente en tomar medidas frente al escándalo de corrupción en la fuerza pública denunciado por la revista Semana.

Esta vez, y contrariamente a lo que sucedió con el de las chuzadas —acaso más grave—, no se echó para atrás. Pero hay dos aspectos de estos episodios que todavía no entiendo.

El primero es que quienes crearon la situación expresen tanta sorpresa. Si tú estableces desde arriba, con energía y señales públicas muy claras, los incentivos para que se produzca un fenómeno, éste no dejará de aparecer. Claro, la intuición del racionalismo estrecho (todo el mundo actuará de acuerdo con los incentivos) es errada. Pero mucha gente sí lo hará. La orientación del ministro de Defensa, y a través de él del Gobierno, ha sido garantizar la inimputabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto por medio de sonadas ofensivas legislativas como por medio de actos concretos. Incluso cuando un suboficial violó y asesinó a unos niños en Arauca, el confuso proceso que siguió después —y que le costó la vida a una jueza— sólo mereció un desdeñoso silencio desde las alturas y una no tan taimada defensa corporativa. En la base, como suele suceder en Colombia, las cosas fueron mucho más oscuras.

El segundo es la sorpresa de las propias personas involucradas en el asunto. Al oír al general Barrero —a quien se le quebró la voz por el fin desangelado de su carrera, pero no tuvo una sola emoción que expresar por las víctimas de los falsos positivos—, me pareció literalmente que hablaba desde otro mundo. No el de la guerra, ciertamente, porque una de las tendencias fuertes de Occidente es la creciente regulación de la actividad bélica (sí, sí: se siguen produciendo horrores, pero la regulación en este campo ha dado un salto tremendo). Pero en vez de dar vía libre a la indignación, una opción perfectamente legítima, prefiero en esta ocasión preguntar qué implicaciones tiene esta clase de visiones para el país. Pues si aspiramos a una modernidad vivible, no podemos contar con cuadros directivos del estamento militar que no comprendan lo grave que es que un general le recomiende a su subordinado preso por un crimen atroz “formar una mafia”. Esto no es, como lo reportaron profusamente los medios, “una declaración desobligante”. Es, de hecho, “obligante”: la expresión, y a la vez la creación, de un peligroso vínculo extrajerárquico.

Profundamente desmoralizante y deletéreo para la sociedad y las Fuerzas Armadas. Si el lector quiere encontrar pistas sobre por qué seguimos involucrados en una guerra que ya amenaza con eternizarse, es mejor que no empuñe el dedo acusador contra un puñado de ONG, sino que busque en dos partes. Primero, en unas relaciones sociales específicas, sobre todo en el campo. Segundo, en esta continua generación de diseños que privatizan la provisión de la seguridad y la coerción estatales, lo cual es a la vez increíblemente brutal e ineficiente. Quienes proponen la irresponsabilidad política, o quizás penal, de todos y cada uno de los miembros de la fuerza, no la están defendiendo: crean las condiciones precisas para su desmoralización y la deterioran organizacionalmente, manchando de paso a los miles de soldados y policías que arriesgan su vida y cumplen con su deber.

Una reflexión final. El general Barrero se declaró víctima de una decisión “política”. Claro. No es judicial, ni tendría por qué serlo. Por ejemplo, portarse indignamente no es un crimen, pero sí puede costar el cargo. Pero la observación subraya cuánta política necesita la paz hacia dentro del Estado. Eso ha faltado. Cierto: los militares son hombres de acción, no académicos. Pero en muchos países del mundo sus liderazgos tienen una formación notable y la capacidad de entender los intereses de largo plazo del Estado y de diferentes sectores sociales.