La Comisión Interamericana de Drechos Humanos (CIDH) está en peligro.
Varios países latinoamericanos han venido presionando para someterla a una suerte de castración química. Y como han denunciado César Rodríguez y Gustavo Gallón en este diario, el gobierno colombiano está dando muestras de querer aprovechar solapadamente la situación, para obtener las ganancias del desmonte de facto del CIDH, sin correr con los costos de involucrarse en los ataques contra ella.
Pero hay un aspecto de la situación que no se ha puesto aún sobre la mesa, y que amerita un debate franco y abierto: la ofensiva contra la CIDH está encabezada por gobiernos de izquierda, que van así a obtener “conquistas” con las que no había ni soñado la derecha. Me parece que este evento señala el fin de una alianza más o menos explícita de cuatro o cinco décadas entre la izquierda política y la defensa de los derechos humanos en nuestro continente. Dicha alianza ha tenido tanto aspectos positivos como negativos. En lo positivo, permitió el cultivo de un conjunto de valores, normas y visiones para orientarse en un mundo duro y hostil; el desarrollo de un lenguaje común y de impacto internacional para ejercer presión sobre gobiernos de carácter autoritario tradicional, y el despliegue de un esfuerzo sostenido por dotar de voz a los sectores subordinados en sociedades brutalmente desiguales. En lo negativo, generó una contabilidad por partida doble, que si bien fue gradualmente superada por varios actores, causó daño. El primero que advirtió sobre el fenómeno en nuestro medio fue, si no me equivoco, Luis Alberto Restrepo, por allá en la década de los 80, en un bello y brillante ensayo cuya lectura todavía recomiendo. También alimentó entre algunos un antiestatismo reactivo. Pero en América Latina necesitamos desesperadamente mucho más Estado, y a la vez mucha más capacidad para domesticar al Estado. He ahí el dilema sobre el que tendremos que cabalgar durante largo tiempo.
Es desde este dilema que se puede comprender mejor la ofensiva coordinada por Venezuela y Ecuador, al amparo de Brasil, para neutralizar la CIDH. Por una parte, dichos gobiernos están en falta. Por ejemplo, en Ecuador el presidente Correa ha protagonizado una presión sostenida contra la prensa independiente. Y de todos es conocida la traumática evolución venezolana. Pero, por otra parte, creo que tienen reservas que no se pueden desestimar, relacionadas con la soberanía y con el margen de maniobra que tiene cada país para escoger su curso de desarrollo. De hecho, esto se aplica especialmente al caso brasileño, que merecería una consideración separada. Modelos como el de Brasil o el de Bolivia se basan en la inversión y en el crecimiento dinámico, y sus líderes y gestores empiezan a ver con alarma cómo proyectos estratégicos son puestos en cuestión por organismos que finalmente no tienen las responsabilidades políticas con las que sí cargan las autoridades nacionales elegidas.
Si las colombianas se preocupan mínimamente por el futuro de nuestro país, deberían exigir más y no menos seguimiento sobre su desempeño en derechos humanos. Menos vigilancia internacional es la vía directa hacia el infierno, y no sólo para un pequeño grupo de opositores. Pero en materias como la paz o el desarrollo, veo que sí hay una tensión genuina entre las exigencias de encontrar soluciones viables y la responsabilidad política, por un lado, y el control internacional sobre el comportamiento de los estados, por el otro. Que la ex presa política Dilma Rousseff esté por desmontar el CIDH es una sorpresa, no muy estética, que nos da la vida. Pero, como siempre, desde ella se puede repensar, ajustar y construir.
